Por Ricardo Reyes.
Mientras las familias tepicenses aprietan el cinturón ante la inflación y la carestía, el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha convertido el recibo del agua en una verdadera pesadilla. En los casi seis años de la administración de la presidenta municipal María Geraldine Ponce Méndez, de la mano de Óscar Isidro Medina López como director general del organismo, el cobro del servicio ha aumentado poco más de tres mil por ciento, según denuncias ciudadanas y datos que circulan en redes y entre afectados.
Lo que antes era un servicio básico accesible se ha transformado en un lujo que muchas familias ya no pueden costear. Un aumento de esa magnitud –equivalente a multiplicar por más de 30 veces el monto original– no tiene precedente en la historia reciente del municipio y supera con creces cualquier ajuste por inflación o incremento en costos operativos. ¿Dónde quedó el compromiso de “la ciudad que sonríe” que prometía Ponce en su campaña?
Óscar Medina, servidor público de larga trayectoria en el SIAPA y ratificado en su cargo durante la gestión morenista, ha sido pieza clave en esta política de cobros. Bajo su dirección y la de Ponce, los tepicenses no solo pagan mucho más, sino que enfrentan recurrentes quejas por desabasto de agua en colonias enteras, fugas sin reparar y un servicio que, según múltiples testimonios, no ha mejorado en calidad ni en cobertura. Al contrario: persisten reportes de adeudos millonarios heredados, cortes injustificados y cobros retroactivos que aplican tarifas actuales a consumos pasados, como han denunciado constructores y usuarios residenciales.
La pregunta obligada es: ¿a dónde fueron esos recursos extraordinarios? ¿Se invirtieron en modernizar la red, ampliar la cobertura o garantizar agua 24/7? Los resultados visibles son escasos. En cambio, la administración ha enfrentado acusaciones de cobros millonarios por trámites de conexión (hasta 3 millones de pesos en un caso documentado en el Mercado de Abastos), opacidad en la rendición de cuentas y hasta señalamientos de posibles conflictos de interés, como el alto salario que percibía la madre de la alcaldesa en el propio SIAPA en años previos.
Mientras Ponce anuncia descuentos “históricos” en recargos para adeudos antiguos –una medida que suena más a paliativo electoral que a solución estructural–, miles de hogares y comercios siguen recibiendo recibos inflados que amenazan su economía. Jubilados, familias de escasos recursos y pequeños negocios son los más golpeados. Un servicio público esencial se ha convertido en un instrumento de presión fiscal que castiga al ciudadano de a pie.
Esta situación no es un “ajuste técnico”. Es un abuso que refleja la desconexión entre el discurso de “transformación” y la realidad que viven los tepicenses. Geraldine Ponce y Óscar Medina deben rendir cuentas claras: explicar con números y obras tangibles por qué el agua cuesta hoy más de 30 veces lo que costaba al inicio de su gestión, sin que el servicio haya mejorado proporcionalmente.
Los ciudadanos de Tepic no piden favores: exigen transparencia, eficiencia y, sobre todo, que el SIAPA deje de ser un problema y vuelva a ser un derecho. Hasta ahora, el único que sonríe con estos cobros es el erario municipal. El resto… solo paga la factura.

