Redacción 
Por Carlos Hartig.
En un hecho sin precedentes que rompe con dos décadas de servicio ininterrumpido, los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) «Paulo Freire» han bajado sus cortinas. La razón no es la falta de voluntad, sino una asfixia financiera que parece diseñada en las oficinas centrales de la burocracia federal. Con cuatro meses de salarios caídos y cortes de energía eléctrica en plena jornada escolar, el personal ha dicho «basta», dejando a la deriva a 1,500 niños y a mil familias trabajadoras que hoy no tienen dónde dejar a sus hijos para salir a buscar el sustento.
El coordinador general de los centros Paulo Freire, Jaime Cervantes Rivera, fue tajante al señalar que la situación es ya insostenible para quienes sostienen el sistema. No se trata de un simple retraso administrativo; se trata de una deuda que asciende a los 18 millones de pesos. Los trabajadores, aquellos que diariamente cuidan y educan, se encuentran «desfondados», imposibilitados incluso para costear el transporte desde sus hogares hacia los planteles. Es una ironía cruel que, en un sistema que prioriza el bienestar social, sean las madres trabajadoras y sus hijos quienes paguen el costo de la ineficiencia.
Lo más alarmante es la absoluta desconexión entre el discurso oficial y la realidad operativa de las instituciones. Mientras se habla de transformación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —una empresa del Estado— ha procedido a cortar el suministro eléctrico en los planteles sin importar la presencia de menores o la conservación de los alimentos. En las zonas costeras, el calor extremo convierte las aulas en espacios inhabitables sin aire acondicionado, evidenciando una falta de sensibilidad humana por parte de los funcionarios que ignoraron los acuerdos previos de pago.
Cervantes Rivera identifica un mal profundo en esta crisis: la «resistencia» incrustada en las estructuras de las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda (SHCP). Según el coordinador, existen mandos medios y directivos que entorpecen deliberadamente la liberación de los recursos, operando como un freno de mano para los programas impulsados por la actual administración. Esta parálisis no es un caso aislado en Nayarit; es un síntoma nacional que ya ha provocado movilizaciones y paros en estados como Colima, Guerrero y Baja California Sur.
La arquitectura del presupuesto federal actual parece castigar la iniciativa de los centros para mantenerse a flote. Desde 2019, la SEP es la encargada directa de pagar nóminas, servicios y alimentos, pero la falta de radicación del subsidio genera un círculo vicioso imposible de romper. Si los directivos consiguen recursos externos o préstamos para no suspender el servicio, la federación no reconoce esos gastos ni los repone, obligando a los centros a operar en la precariedad absoluta o enfrentar el cierre definitivo.
Esta rigidez administrativa ha llevado a situaciones absurdas donde el recurso, aunque existe, termina perdiéndose en el vacío burocrático. El año pasado, debido a estos retrasos y trabas, se tuvieron que devolver 4 millones de pesos que estaban destinados a la atención de la niñez, simplemente porque el sistema impide aplicarlos de manera retroactiva. Es un ahorro malentendido que se traduce en carencias reales para las familias, mientras el dinero regresa a las arcas federales por una incapacidad de gestión que nadie parece querer resolver.
La suspensión de servicios iniciada este lunes es, en última instancia, un grito de auxilio y una medida de presión necesaria ante la falta de respuestas. Los padres de familia, lejos de confrontar al personal, se han volcado en solidaridad con los docentes, entendiendo que nadie puede trabajar cuatro meses sin percibir un salario. La demanda es urgente y clara: se requiere una regularización definitiva que otorgue certeza jurídica y presupuestaria a los CENDI, para que la educación inicial deje de ser rehén de la burocracia centralista.
