Redacción 
Por Carlos Hartig.
Nayarit se encuentra en un punto de quiebra social que trasciende lo financiero para instalarse en una crisis de gobernabilidad sin precedentes. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha transformado su administración en un laboratorio de autoritarismo donde la «Ley Navarro» funciona como un mazo contra la estabilidad de miles de familias. Con una deuda estatal que supera los 12,000 millones de pesos, el Ejecutivo ha decidido que el rescate de las arcas públicas no vendrá de una verdadera austeridad política, sino de un asalto frontal a los derechos conquistados por la clase trabajadora del estado.
El eje central de este atropello es el nuevo Fondo de Pensiones, una estructura que los gremios denuncian como un mecanismo de confiscación patrimonial. Bajo el argumento de salvar el sistema de retiro, la reforma centraliza los ahorros de los empleados en un fondo controlado discrecionalmente por el Gobierno del Estado, eliminando las cuentas individuales y la transparencia que ofrecían las Afores. En términos prácticos, el gobernador pretende utilizar el dinero ahorrado por los trabajadores durante décadas como una «caja chica» para cubrir el déficit presupuestario actual, vulnerando el principio de certeza jurídica y el derecho humano a una vejez digna.
La ofensiva no se detiene en lo económico; ha mutado en una persecución judicial abierta contra el SUTSEM. El sindicato de burócratas, encabezado por Óscar Cedano, enfrenta hoy el aseguramiento de sus inmuebles y el acoso constante de la Fiscalía del Estado, utilizada como brazo ejecutor para silenciar la disidencia sindical. Además, el gremio ha documentado irregularidades gravísimas en el proceso legislativo, señalando que el documento enviado a los ayuntamientos para su ratificación fue alterado, insertando cláusulas que nunca fueron votadas en el Congreso local, lo que constituye un fraude constitucional de dimensiones históricas.
El incendio se extiende con igual fuerza hacia el sector educativo y las instituciones de nivel superior. El SNTE (Secciones 20 y 49) ha visto cómo se borra la supletoriedad de las leyes federales, dejando el retiro de los maestros al arbitrio de un estado que se declara insolvente para pagar prestaciones, pero generoso para financiar su aparato de represión. Al mismo tiempo, los Sindicatos de las Universidades Tecnológicas y de la Sierra denuncian una asfixia selectiva: docentes que pasan meses sin recibir quincenas o primas vacacionales, mientras el gobierno retiene títulos profesionales de los egresados para presionar a las bases sindicales.
Este clima de hostilidad ha logrado lo que años de política no pudieron: unificar a gremios históricamente distantes en un frente común de resistencia. La narrativa oficial, que intenta pintar a los maestros, médicos y burócratas como «privilegiados», ha fracasado frente a la realidad de trabajadores que hoy operan en condiciones de precariedad extrema. Nayarit es hoy un estado donde poseer un contrato colectivo de trabajo no garantiza nada, pues el Ejecutivo ha decidido que su voluntad personal está por encima de la Ley Federal del Trabajo y de los tratados internacionales de la OIT.
Es alarmante el silencio cómplice del Gobierno Federal ante este escenario de despojo en una entidad gobernada por su mismo partido. Permitir que en Nayarit se desmantelen las garantías laborales y se cree un sistema de pensiones opaco que sienta un precedente peligroso para el resto del país. La supuesta «Cuarta Transformación» en el estado se ha traducido en las prácticas más rancias del autoritarismo priista de los años setenta, donde el líder que no se alineaba era perseguido y el ahorro del trabajador era visto como botín de guerra para la burocracia dorada en turno.
Finalmente, Nayarit se encamina a un mayo de 2026 marcado por la parálisis total y el conflicto en las calles. Si Navarro Quintero no detiene la implementación de su fondo de pensiones viciado, repone el proceso legislativo y cesa el hostigamiento contra los líderes del SUTSEM y el magisterio, la ingobernabilidad será el único sello de su mandato. La paz social no es un regalo del poder, sino el resultado del respeto a la ley y a quienes mueven la maquinaria del estado. El gobernador tiene la última palabra: o el diálogo restaurador, o la condena histórica de haber incendiado su propio estado por un puñado de pesos ajenos.
