Por Carlos Hartig.
La indignación en Bahía de Banderas ha alcanzado un punto de ebullición tras la vergonzosa decisión del Poder Judicial de permitir que el responsable del trágico accidente en la carretera a Valle de Banderas lleve su proceso en libertad. Bajo el cuestionable cobijo de un amparo, el sistema judicial ha decidido que la comodidad de un sujeto que conducía bajo los efectos del alcohol vale más que el luto y el clamor de justicia de una familia destrozada. Esta resolución no es más que una muestra de la «justicia de escritorio» que, desde la frialdad de los juzgados, ignora el peligro que representa un criminal al volante para la seguridad de todos los bahiabanderenses.
El alcalde Héctor Santana García ha alzado la voz con una firmeza que hacía falta, calificando la decisión como inaceptable. Con justa razón, el edil denunció que conducir ebrio no es un error, sino una irresponsabilidad criminal que debió ser castigada con la medida cautelar más severa. Santana le da voz a un pueblo harto de ver cómo los magistrados y jueces se esconden tras la «autonomía» para emitir fallos que huelen a impunidad. Es un hecho: mientras el Gobierno Municipal se parte el alma buscando seguridad, el Poder Judicial parece empeñado en abrir la puerta trasera para que los culpables escapen de la prisión preventiva.
La crítica hacia los jueces es tajante: su falta de sensibilidad social los convierte en cómplices morales de la tragedia. Al otorgar este amparo, el Poder Judicial ha dado un mensaje de permisividad absoluta, sugiriendo que en Nayarit se puede matar o herir al volante y llegar a casa a dormir mientras el proceso se alarga en el papeleo. ¿En qué momento los derechos de quien infringe la ley pasaron por encima del bienestar de la sociedad? La balanza de la justicia está podrida cuando favorece el tecnicismo legal sobre la vida humana y la paz pública.
Ante la tibieza de los tribunales, el Gobierno Municipal de Bahía de Banderas ha tomado la estafeta de la dignidad. Santana García ha sido claro: la familia de la víctima no está sola. A diferencia de la distancia gélida del Poder Judicial, el ayuntamiento ha puesto a disposición el respaldo total de la Dirección de Seguridad Ciudadana para acompañar a los afectados en cada paso del proceso. No se trata solo de un pleito legal, sino de una resistencia contra un sistema que parece diseñado para revictimizar a quienes ya lo han perdido todo por culpa de un irresponsable.
Finalmente, el llamado es urgente: la justicia que no es firme es simplemente un simulacro. La sociedad de Bahía de Banderas no olvidará esta afrenta cometida por quienes juraron proteger la ley pero terminaron protegiendo al victimario. Héctor Santana tiene razón al no estar de acuerdo, porque estar de acuerdo sería aceptar que nuestras vidas no valen nada ante el plumazo de un juez. El compromiso por el bienestar de los bahiabanderenses sigue firme, y ahora más que nunca, la presión social debe obligar a que la verdadera justicia prevalezca, a pesar de los obstáculos que el mismo Poder Judicial se empeña en poner.

