Por Carlos Hartig.
En un acto de vileza política que no tiene nombre, el Cabildo del XXXVII Ayuntamiento de Ruiz, encabezado por el alcalde Adolfo Betancourt Salas, ha firmado la sentencia de muerte para las aspiraciones de un retiro digno de la clase trabajadora. En una sesión que apesta a sometimiento y traición, seis integrantes del cuerpo colegiado le clavaron la daga por la espalda al sindicalismo nayarita al aprobar la reforma de pensiones. Lo que intentan vender como «sostenibilidad» es, en realidad, un asalto legalizado contra el Artículo 137 constitucional, diseñado para que el hilo se rompa por lo más delgado: el bolsillo del trabajador que ha entregado décadas de su vida al servicio público.

La figura de Adolfo Betancourt Salas queda hoy arrastrada por el fango de la incongruencia. Es una bofetada a la memoria histórica que el único alcalde de «Levántate para Nayarit» —un partido que le debe su existencia y registro al sudor de los trabajadores del SUTSEM— sea hoy el principal promotor de su ruina. Betancourt Salas no es más que un «Judas» político que, tras haber usado la estructura sindical para trepar al poder, hoy entrega las cabezas de sus hermanos de gremio en una charola de plata al Ejecutivo Estatal. Su voto a favor es la prueba máxima de que su lealtad tiene precio y su palabra no vale nada ante los intereses de la cúpula.
Pero el alcalde no operó solo en este atraco. La lista de la infamia la completan el Profe. Juan Carlos Muñoz Márquez y la Mtra. Juana Yuridia Perales Ramírez, quienes, con una falta de escrúpulos que estremece, olvidaron su vocación docente y sindicalista para convertirse en verdugos de sus propios colegas. Junto a ellos, Hermenegilda Ayón Márquez, Cándida Carrillo Trinidad y Beto Maravillas alzaron la mano con un cinismo absoluto, validando un proyecto que impone topes miserables a las jubilaciones. Estos regidores han preferido ser los «empleados del mes» del Gobierno Estatal antes que ser los representantes del pueblo que les paga su sueldo; han decidido que el futuro de miles de familias es una moneda de cambio para sus oscuras ambiciones políticas.
Frente a esta cloaca de traiciones, la dignidad se mantuvo en pie gracias a la firmeza de la Síndica Martha Alicia López Arellano y las regidoras Maricela Peña Alemán y Graciela Gutiérrez Meza. Ellas tres fueron las únicas voces con el valor civil para denunciar este atropello, defendiendo a capa y espada los derechos que hoy este Cabildo espurio pretende arrebatar. Su voto en contra es un testimonio de integridad que las separa de la mediocridad y la servidumbre de sus compañeros de mesa. Mientras tanto, el silencio cómplice de Reymundo Estrada con su abstención, y la cobarde huida de Rigoberto Jiménez y Jesús Adrián Manzo, quienes ni siquiera se atrevieron a dar la cara en la sesión, los deja como cómplices por omisión de este despojo histórico.
La reforma aprobada es un insulto a la inteligencia del trabajador. Pretenden «sanear» las finanzas del estado robándole el pan a los futuros jubilados, mientras los verdaderos responsables del saqueo en instituciones como el ICTE o la UAN siguen gozando de impunidad. Los regidores del «bloque oficialista» en Ruiz han validado que la crisis la pague la base laboral, limitando pensiones y endureciendo condiciones en un momento donde la inflación devora el salario. No hay «seguridad social» en esta reforma; hay un desmantelamiento sistemático de las conquistas obreras bajo una retórica técnica que solo busca ocultar el robo.
El pueblo de Ruiz y la burocracia municipal y estatal tienen memoria. Los nombres de Adolfo Betancourt, Juan Carlos Muñoz, Yuridia Perales y el resto de los entreguistas quedarán grabados en la lista negra de la política nayarita. Hoy celebran en sus oficinas, pero mañana sentirán el desprecio de un pueblo que no olvida a quienes, teniendo el poder de protegerlos, prefirieron venderlos. La lucha legal y la movilización en las calles son el siguiente paso contra este Cabildo que ha perdido toda pizca de honor y vergüenza. ¡Ruiz no olvida, y los trabajadores tampoco!

