Nayarit: El campo agoniza entre la insolvencia y el cinismo burocrático de SADER y Gobernación.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
Lo que hoy se vivió en la autopista Tepic-Villa Unión no fue una simple manifestación de agricultores y transportistas; fue el grito de auxilio de un sector primario que se siente traicionado y abandonado por quienes, desde la comodidad de sus oficinas, deberían protegerlo. Mientras la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Nayarit, bajo la titularidad de la Lic. Diana María Valdéz Sojo, y la Secretaría de Desarrollo Rural Sustentable del Gobierno del Estado, encabezada por Camilo Salazar Figueroa, presumen cifras y «gestiones» de escritorio, en el surco la realidad es de quiebra técnica, embargo y desesperación.
La figura central enviada para contener la furia agrícola fue Nayar Mayorquín Carrillo, delegado de Gobernación federal en Nayarit, quien, junto al funcionario conocido como el «Toro Naya» (quien sirvió de enlace), intentó apagar el fuego con la gastada retórica de la «preocupación de los tres órdenes de gobierno». Sin embargo, para líderes del movimiento como Alfredo y Roberto, las palabras de Mayorquín suenan huecas y cínicas frente al hambre de sus familias. Los productores denunciaron, a pie de asfalto y bajo un sol inclemente, que tienen las facturas de riego, certificados parcelarios y hasta las escrituras de sus casas empeñadas para sostener un ciclo agrícola que ya terminó y que, para colmo, aún les adeuda pagos de cosechas entregadas desde noviembre de 2023.
La crítica hacia la SADER (antes SAGARPA) es feroz y directa: se les acusa de ser cómplices, por omisión y burocracia, ante la entrada masiva de arroz extranjero de Asia, Centroamérica y Paraguay sin aranceles, dejando al productor local compitiendo en total desventaja contra gigantes subsidiados, mientras aquí el diésel roza los 30 pesos. La gestión de la Lic. Diana María Valdéz Sojo está bajo la lupa ciudadana; se le reclama no solo la falta de un precio de garantía justo que detenga el saqueo de los industriales, sino la opacidad criminal en las ventanillas de apoyo para el ciclo 2025. «¿Está abierta la ventanilla? ¿Está inconcluso el 24 todavía?», cuestionaron los manifestantes, evidenciando el desorden administrativo de la dependencia federal. «Estamos a la deriva», sentenció uno de los productores, resumiendo el sentir de una clase agrícola que ya no cree en minutas de trabajo ni en saludos enviados desde la capital.
El Gobierno del Estado, liderado por Miguel Ángel Navarro, tampoco escapa al señalamiento contundente. Aunque Mayorquín Carrillo aseguró que el gobernador está «preocupado» y haciendo gestiones ante la Presidenta de la República y la Secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, los arroceros fueron claros: el hambre no sabe de procesos lentos ni de «gestiones» que nunca aterrizan. La incertidumbre por el impago del grano entregado y la falta total de créditos para la siembra que inicia en tan solo un mes tienen al campo al borde del colapso social. No basta con instalar «mesas de seguridad» para evitar bloqueos y proteger la circulación de mercancías; se requieren mesas de soluciones financieras urgentes que detengan el embargo masivo de las tierras nayaritas por parte de cajas financieras y agiotistas.
La tregua pactada hoy es frágil y de cristal. Los productores aceptaron liberar la vía bajo la promesa de una reunión inmediata con los industriales y los titulares de las dependencias agropecuarias (SADER y Desarrollo Rural Estatal). Sin embargo, la advertencia quedó flotando en el aire con fuerza: si para mañana no hay fechas de pago concretas, precios de garantía aterrizados y soluciones reales al alto costo de insumos (diésel, fertilizantes, reparaciones), la movilización pasará de pacífica a definitiva. Nayarit no puede seguir siendo el granero de México si sus gobernantes y delegados federales gestionan, con su inacción y complicidad, su propia sepultura financiera.
