¿JUSTICIA O SIMULACIÓN? ALONSO VILLASEÑOR CONDENADO A 7 AÑOS, PERO LOS 80 MILLONES SIGUEN.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
La ratificación de la sentencia contra Alonso “N”, exsecretario de Economía durante las sombras de los gobiernos de Ney González y Roberto Sandoval, marca un hito agridulce en la historia judicial del estado. Aunque la pena de siete años de prisión por ejercicio indebido de funciones y peculado parece un triunfo, el sabor que deja en la ciudadanía es de una indignación renovada. No es solo el encierro lo que se demanda, sino la aparición de los $79,784,554.40 pesos que, según los expedientes actualizados a este 2026, fueron sustraídos del Fondo de Fomento Industrial (FONAY), dejando un boquete financiero que hoy asfixia las oportunidades de los emprendedores nayaritas.
El modus operandi descrito en las investigaciones revela un cinismo administrativo sin precedentes: recursos federales que debieron ser reintegrados fueron utilizados como «caja chica» para fines partidistas y personales. La defensa de Alonso “N” ha intentado sostener el argumento de que, como el Estado aún no devuelve formalmente ese dinero a la Federación, «no hay una afectación real». Esta lógica perversa ignora que el daño ya ocurrió en las calles, en las fábricas que no abrieron y en los empleos que nunca se crearon porque el capital de fomento terminó en las cuentas de una red de complicidades que operó impunemente durante dos sexenios.
La fiscal Ludmila Heredia ha sido enfática: el sentenciado no tiene la más mínima voluntad de conciliar ni de reparar el daño. A pesar de que el proceso se ha extendido por años —apostando descaradamente a la prescripción del delito—, la Sala Penal ha bloqueado esta salida al calificar los actos como «delitos continuados». Mientras tanto, el exfuncionario se limita a cumplir con el requisito de la firma periódica, una medida que parece una burla frente a la magnitud del desfalco. La estrategia de «esperar a que el tiempo borre la huella del dinero» parece ser la única defensa de quien hoy se aferra a un amparo directo como última tabla de salvación.
La cifra de casi 80 millones de pesos no es una abstracción contable; es el patrimonio de los nayaritas que fue tratado como botín de guerra. Resulta inadmisible que, tras años de litigio, no exista una sola propuesta formal por parte del sentenciado para reintegrar un solo peso al erario. El Estado ha puesto como prioridad la recuperación de estos activos, pero la realidad choca con una muralla de opacidad. ¿De qué sirve una sentencia de siete años si el delincuente de cuello blanco sale de prisión a disfrutar de una fortuna que le pertenece al pueblo? La justicia que solo encarcela, pero no restituye, es apenas una media verdad.
En los próximos días, cuando la sentencia quede firme, Nayarit se enfrentará a su verdadera prueba de fuego. El caso de Alonso “N” no puede cerrar con una celda ocupada y una cuenta bancaria vacía para el Estado. La sociedad exige que este fallo sea el inicio de una persecución real de los activos y no el final de un espectáculo mediático. Si el dinero no vuelve a las arcas del FONAY, la condena será vista simplemente como el «costo de hacer negocios» en una era de cleptocracia que se resiste a morir. La cárcel es necesaria, pero la devolución de lo robado es obligatoria.
