Inauguración de foro en Nayarit: más discurso que soluciones ante un Poder Judicial cuestionado por corrupción y lentitud.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero encabezó la inauguración del Foro de Consulta Ciudadana para elaborar el “Plan Estratégico Integral del Poder Judicial del Estado de Nayarit 2025-2028”. En el evento, destacó la importancia de la participación social y el respeto a la autonomía del Poder Judicial, mientras reiteraba la disposición de su gobierno para “acompañar” el proceso y construir una justicia “más cercana y accesible”.
Sin embargo, este tipo de ejercicios consultivos suenan cada vez más huecos en un estado donde el sistema de justicia enfrenta graves señalamientos de corrupción, impunidad y presunto uso político de instituciones judiciales. Mientras Navarro posa como promotor de la transparencia y el diálogo ciudadano, persisten denuncias públicas que involucran al propio gobierno en prácticas irregulares que erosionan la confianza en los jueces y fiscales.
Denunciantes, entre ellos exfuncionarios como el exmagistrado y exsubfiscal Rodrigo Benítez Pérez, han señalado presuntas redes de corrupción ligadas a proyectos inmobiliarios, despojos de tierras (especialmente en Bahía de Banderas), fabricación de delitos y uso indebido de la Fiscalía y el Poder Judicial para favorecer intereses del gobierno estatal. Estos señalamientos incluyen acusaciones de extorsión, amenazas y manejo irregular de recursos, que han llegado incluso a instancias federales y generaron detenciones controvertidas.
La realidad cotidiana de los nayaritas contradice el optimismo oficial: procesos judiciales lentos, alta percepción de corrupción entre jueces y ministerios públicos (como reflejan estudios nacionales como los de México Evalúa), impunidad elevada y quejas recurrentes sobre presos sin sentencia o resoluciones que parecen responder más a presiones políticas que a la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incluso invalidó recientemente reformas al Poder Judicial de Nayarit relacionadas con comités de evaluación de jueces y magistrados, por no armonizar correctamente con la reforma constitucional federal, lo que evidencia problemas estructurales y de diseño institucional que no se resuelven con foros.
Navarro Quintero insiste en que “fortalecer las instituciones implica escuchar a la ciudadanía”. El problema es que, mientras se organizan consultas y reuniones con académicos y colegios de profesionales, las denuncias de abuso de poder y falta de independencia judicial no cesan. En lugar de resultados concretos —como agilización real de expedientes, sanción efectiva a corruptos o mayor transparencia en nombramientos—, los nayaritas reciben otra ronda de discursos sobre “participación social” y “justicia accesible”.
Este foro 2025-2028 corre el riesgo de convertirse en un ejercicio más de legitimación política, sin tocar los nudos críticos: la posible instrumentalización del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, la lentitud crónica que genera desconfianza y la percepción ciudadana de que en Nayarit la justicia no es igual para todos.
Mientras el gobernador celebra la apertura del foro, muchos ciudadanos se preguntan si realmente se escuchará su voz o si, una vez más, el plan estratégico quedará en buenas intenciones sobre el papel, sin impactar la dura realidad de un sistema judicial que necesita cambios profundos, no solo consultas. La autonomía del Poder Judicial, tan mencionada en el evento, se pone a prueba precisamente cuando el gobierno estatal aparece como “acompañante” en su propia planeación estratégica.
La ciudadanía de Nayarit merece acciones concretas y resultados medibles, no más foros que maquillan problemas estructurales sin resolverlos.
