Redacción 
Por Carlos Hartig.
La Dirección de Servicios Públicos de Bahía de Banderas atraviesa una severa crisis ética tras la filtración de un audio que confirma un sistema de terrorismo laboral contra el personal operativo. En el material, el jefe de Aseo Público, José Alejandro González Carrillo, lanza una sentencia definitiva contra quienes no asistieron al evento del pasado domingo en la unidad deportiva de San José del Valle: “A todos los que puse ahí que voy a castigar, no hay vuelta atrás, van a ser castigados con indicaciones del director”. Esta declaración revela un abuso de autoridad sin precedentes, donde la estabilidad laboral se utiliza como moneda de cambio para inflar eventos políticos.
La responsabilidad de este atropello recae directamente sobre el titular de la OPD de Servicios Públicos, Ramón Álvarez Arreola. Al ser señalado como el autor de las «indicaciones» para sancionar a los trabajadores que no pasaron lista, Álvarez Arreola queda expuesto como un funcionario que vulnera los derechos laborales en favor de intereses proselitistas. La actitud desafiante captada en el audio, donde se reta a los empleados con un cínico “si quieren ir con alguien a decirle o a pelear, están en su derecho… vayan con el presidente también si quieren”, demuestra una alarmante sensación de impunidad en los mandos medios y superiores de la dependencia.
El evento en cuestión, denominado «En Bahía de Banderas somos una familia», fue presumido por las autoridades como un éxito rotundo con una asistencia superior a las 12 mil personas. Sin embargo, tras estas cifras se esconde una realidad de coacción: trabajadores de Aseo Público denuncian que fueron obligados a «hacer bulto» sacrificando su día de descanso. El audio cierra con una frase que vincula directamente la presión laboral con la figura del alcalde: “Lo hecho, hecho está… y muchas gracias para todos los que vinieron al evento por parte del director y del presidente Héctor Santana les da las gracias”.
Mientras el alcalde Héctor Santana busca consolidar una imagen de resultados y cercanía, la gestión interna de Ramón Álvarez Arreola parece caminar en sentido opuesto, recurriendo a prácticas que la ciudadanía y el propio personal han calificado como abusivas. Este escándalo administrativo no solo es una falta ética, sino una posible violación a la Ley Federal del Trabajo que requiere una revisión inmediata. Los empleados, cansados de ser amedrentados, han dejado claro que no permitirán que su sustento sea condicionado por la obligación de aplaudir en mítines fuera de su horario laboral.
Es imperativo que el presidente municipal tome cartas en el asunto para deslindar responsabilidades, pues el comportamiento de sus directivos mancha la reputación de una administración que prometió bienestar. El silencio ante las amenazas de González Carrillo y Álvarez Arreola solo alimentaría la percepción de que en Servicios Públicos la ley no cuenta frente a la ambición política. La justicia laboral para quienes mantienen limpio el municipio debe ser una prioridad, garantizando que nadie sea castigado por ejercer su libertad personal y derecho al descanso.
Finalmente, la advertencia de los trabajadores es tajante: si no hay consecuencias para los responsables de estas amenazas, se harán públicas más pruebas de los atropellos que ocurren bajo el amparo de Ramón Álvarez. Bahía de Banderas no puede ser gobernada bajo el lema de «lo hecho, hecho está» cuando se trata de pisotear la dignidad humana. La transparencia debe prevalecer para demostrar que en este municipio los derechos de la clase trabajadora son sagrados y no están sujetos al capricho de ningún director.
