Por Carlos Hartig.
En un agravio sin precedentes a la ética pública, el Ayuntamiento de Ixtlán del Río, presidido por Guillermo Ramírez, otorgó la medalla “Mérito Ciudadano General Eulogio Parra 2026” a José Luis Sánchez González, actual diputado federal del PT por Jalisco. El galardón, que debería honrar la rectitud civil, fue entregado a un personaje que arrastra un historial delictivo de tres décadas, incluyendo 16 expedientes penales en Nayarit y procesos abiertos por fraude inmobiliario en Jalisco, consolidando lo que críticos califican como una «lavandería de imagen» con recursos oficiales.
La condecoración no fue un acto de reconocimiento social, sino un burdo ejercicio de nepotismo institucional. Los registros del Cabildo confirman que la principal operadora del galardón fue la propia hija del premiado, Marisol Sánchez Navarro, actual diputada local del PT en Nayarit. Esta maniobra facciosa no solo ignora la falta de residencia del diputado en el municipio, sino que utiliza el prestigio de una presea histórica para intentar legitimar a un político cuya trayectoria está marcada por el conflicto sistemático con la ley.
El prontuario criminal de Sánchez González es alarmante y está debidamente documentado en instancias judiciales. En Nayarit, el legislador acumula registros por delitos de lesiones, daño en propiedad ajena, despojo y fraude. Destaca el expediente 136/88 en Tepic, donde se le vincula con una ficha por aborto en grado de tentativa. Su pasado tras las rejas en 1993, derivado de un desafuero por despojo, evidencia que el municipio ha decidido premiar a un exconvicto reciclado bajo el amparo de la política actual.
La sombra del fraude también persigue al diputado en Jalisco, donde entre 2018 y 2024 se le han abierto al menos cinco carpetas de investigación. Estas indagatorias se centran en esquemas de falsificación de permisos de taxi y fraude masivo en la venta de terrenos. Bajo la bandera de «gestor de vivienda» y fundador de 70 colonias populares, Sánchez González ha sido señalado por utilizar la necesidad social como fachada para el despojo y la invasión de tierras, lucrando con la vulnerabilidad de miles de familias.
Durante su discurso, el diputado intentó blindarse apelando a una supuesta lucha social, llegando al extremo de declarar que «si es necesario pagar con la vida de algunos mexicanos para alcanzar la paz, que así sea». Esta retórica autoritaria, sumada a su perfil delictivo, convierte la entrega de la medalla en una afrenta directa a la memoria del General Eulogio Parra. Para la sociedad civil, este acto no es un error administrativo, sino una señal de que en la administración de Guillermo Ramírez, la lealtad partidista pesa más que la solvencia moral.
El silencio cómplice del alcalde Guillermo Ramírez ante estas revelaciones confirma la degradación de las instituciones en Ixtlán del Río. Al premiar a un individuo con cuentas pendientes ante la justicia y vínculos directos con el nepotismo, el Ayuntamiento ha transformado un honor civil en un escudo de impunidad. La prensa nacional y los sectores políticos exigen la revocación inmediata de una distinción que, lejos de enaltecer al ciudadano, solo sirve para exhibir la podredumbre de un sistema que premia el historial criminal por encima de la honestidad.
