Ciudad de México (RRC): La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, confirmando su obligación de pagar 19 millones 269 mil 323 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
En sesión del Pleno celebrada este 19 de febrero de 2026, los ministros aprobaron por unanimidad y sin discusión el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. La resolución revocó la admisión previa del recurso (realizada en 2025 por la entonces presidenta Norma Piña Hernández) y declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El adeudo fiscal deriva de omisiones detectadas por el SAT en las declaraciones de ingresos de Gordillo durante esos años. Las autoridades fiscales determinaron que existieron discrepancias entre los ingresos reportados (principalmente como sueldos y salarios) y los gastos o movimientos financieros observados, lo que generó el crédito fiscal por ISR no pagado.
La exdirigente sindical había interpuesto diversos recursos legales a lo largo de los años: un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que en su momento declaró nulidades parciales, pero que finalmente fue confirmado en instancias superiores. Tras la negativa de amparo en tribunales colegiados, Gordillo promovió el recurso ante la SCJN, argumentando posibles violaciones constitucionales, sin embargo, el máximo tribunal consideró que el caso no reviste interés excepcional en materia de derechos humanos ni cuestiones de inconstitucionalidad que justificaran su revisión de fondo.
Con esta decisión, la sentencia queda firme y la obligación de pago se hace exigible de manera inmediata. El fallo representa un nuevo revés judicial para Gordillo Morales, quien ha enfrentado múltiples litigios fiscales y penales en las últimas dos décadas, y refuerza la postura del SAT en la recuperación de adeudos tributarios pendientes.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer una declaración oficial por parte de la exlíder magisterial o su equipo legal respecto a esta resolución definitiva.
