Por Carlos Hartig.
La Beneficencia Pública del Estado de Nayarit enfrenta graves acusaciones de terror laboral, acoso sistemático, despidos arbitrarios y posible opacidad en el manejo de recursos públicos, según denuncias presentadas por trabajadores de la dependencia.
En Tepic, Nayarit, un grupo de empleados, liderado por el auxiliar administrativo David Jiménez Godoy, ha hecho públicas las irregularidades que atribuyen directamente a la directora general, la odontóloga Martha Patricia Pérez Urciel. Los afectados describen un ambiente de hostigamiento que se intensificó desde octubre de 2025, cuando se les exigió realizar tareas fuera de su perfil laboral sin compensación económica adicional.
Quienes se opusieron a estas instrucciones, según los testimonios, sufrieron represalias inmediatas: retiro de mobiliario y equipo de cómputo, bloqueo del reloj checador para registrar faltas injustificadas y amenazas de sanciones. El punto más álgido ocurrió el 16 de diciembre de 2025, cuando el Lic. Raymundo Guízar Adami, de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, levantó un acta administrativa contra Jiménez Godoy, suspendiéndolo por cinco días y advirtiendo a otros empleados con medidas similares si no acataban las órdenes de la titular.
En febrero de 2026, tanto Jiménez Godoy como la trabajadora social Paola Ichel Castañeda Bernal recibieron notificaciones de audiencias para despido, sin que —según los denunciantes— se haya respetado el debido proceso laboral.
Acusaciones de opacidad financiera y mal uso de recursos.
Más allá del ámbito laboral, las denuncias apuntan a una posible irregularidad en el manejo presupuestal. Los trabajadores aseguran que, desde octubre de 2025, la dependencia ha dejado de entregar apoyos sociales a la población vulnerable argumentando «falta de presupuesto», pese a que las cifras oficiales indican solvencia financiera:
- En 2024: Se ejercieron alrededor de 8.5 millones de pesos, con un remanente superior al millón.
- En 2025: Presupuesto superior a los 9 millones de pesos, con saldos sin ejercer.
- Para 2026: Asignación cercana a los 10 millones de pesos.
A pesar de estos fondos disponibles y plazas vacantes, la directora se habría negado a homologar salarios o mejorar condiciones laborales, optando —según las acusaciones— por «asfixiar económicamente» al personal operativo.
Presunto influyentismo y blindaje político
Los denunciantes señalan que Pérez Urciel actuaría con impunidad gracias a su presunto parentesco espiritual (como ahijada) con el gobernador del estado y la presidenta del DIF Estatal, lo que explicaría la rápida intervención de instancias como la Subsecretaría Jurídica en procesos disciplinarios y despidos. Esta cercanía, afirman, genera un «blindaje» que impide investigaciones internas o sanciones.
Acciones legales en curso
Ante esta situación, los afectados han interpuesto denuncias formales ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit (CDDH) y la Secretaría de Honestidad y Buena Gobernanza, exigiendo el cese inmediato del hostigamiento, la reinstalación de los suspendidos, el respeto al debido proceso y una auditoría exhaustiva sobre el uso de los recursos públicos.
“Lo único que pedimos es que se detenga esta situación y se respeten nuestros derechos laborales”, expresó Jiménez Godoy en su denuncia. Los trabajadores advierten que el conflicto no solo afecta a las familias de los empleados, sino también a miles de nayaritas vulnerables que dependen de los apoyos sociales paralizados desde hace meses.
Hasta el momento, la dirección de la Beneficencia Pública no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones. La sociedad nayarita y las autoridades estatales esperan que se investiguen a fondo los hechos para garantizar transparencia, justicia laboral y el cumplimiento de la misión social de la institución.
