Por Ricardo Reyes.
La propuesta de instaurar el “Día del legislador” en México, impulsada por la diputada federal de Morena Bertha Osorio Ferral, representa un nuevo capítulo en la desconexión entre el poder legislativo y la realidad del país. La iniciativa busca declarar el 14 de septiembre como una fecha para “reconocer la labor” de los legisladores, bajo el argumento de que “honrar al legislador es honrar al pueblo que representa”. Sin embargo, en un contexto de desconfianza generalizada hacia las instituciones, sueldos elevados, privilegios y una aprobación ciudadana en picada, esta idea suena más a autoelogio que a servicio público.
México ya cuenta con un calendario saturado de efemérides: fechas que conmemoran héroes históricos, luchas sociales, profesiones sacrificadas o eventos que marcaron la identidad nacional. Celebrar el Día del Maestro, el Día del Médico, el Día del Trabajador o el Día de la Bandera responde a trayectorias de esfuerzo colectivo, riesgo personal o aportes irrebatibles a la sociedad. ¿Qué méritos comparables acumulan los legisladores para merecer un día exclusivo, especialmente cuando muchos llegan al cargo por la vía plurinominal —como la propia Osorio Ferral—, sin que el electorado directo los haya elegido?
La diputada veracruzana, licenciada en Educación y con experiencia previa como promotora del voto morenista en elecciones municipales, ocupa un escaño plurinominal y funge como secretaria en comisiones como Derechos de la Niñez y Adolescencia, Federalismo y Desarrollo Municipal, y Relaciones Exteriores. Su currículum legislativo no destaca por reformas transformadoras ni por una trayectoria de rendición de cuentas ejemplar que justifique elevar su oficio a rango de efeméride nacional. Al contrario: la iniciativa llega en un momento en que el Congreso es percibido por gran parte de la población como un espacio de privilegios, ausentismo selectivo, votaciones a modo y reformas exprés que benefician más a las cúpulas políticas que a la ciudadanía.
La frase “honrar al legislador es honrar al pueblo” choca frontalmente con encuestas recurrentes que colocan al Poder Legislativo entre las instituciones menos confiables del país. Mientras millones de mexicanos enfrentan inseguridad, inflación, desempleo y servicios de salud colapsados, proponer una fiesta cívica para quienes gozan de dietas altas, bonos, seguros de gastos médicos mayores, ayudantes, horarios flexibles y —en muchos casos— impunidad por omisiones o votos cuestionables, resulta no solo inoportuno, sino insultante.
Si la propuesta prospera, el 14 de septiembre se sumaría al maratón patriótico de septiembre, extendiendo los “megapuentes” y las conmemoraciones oficiales. Pero lejos de fortalecer la democracia, este “Día del legislador” consolidaría la percepción de una clase política que se premia a sí misma mientras el país reclama resultados concretos, no más reconocimientos simbólicos. En tiempos de austeridad republicana proclamada, esta iniciativa parece el colmo de la autocomplacencia: justo lo que México no necesitaba.
