Por Carlos Hartig.
La detención de Francisco Falcón, líder del grupo ciudadano Xalisco Unido, desató una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal y Municipal en el municipio de Xalisco, Nayarit, durante los primeros días de febrero de 2026. El hecho se registró tras una nueva acción de protesta en la que los manifestantes intentaron tomar nuevamente las instalaciones de la Presidencia Municipal, en medio de un conflicto prolongado con la administración encabezada por la alcaldesa Anabel Guerrero.
De acuerdo con reportes periodísticos y versiones oficiales, el grupo Xalisco Unido bloqueó los accesos al edificio municipal desde la noche del sábado 1 de febrero, manteniendo la movilización durante el domingo y lunes, lo que suspendió las actividades administrativas y afectó trámites de la ciudadanía. Los inconformes exigen la destitución de la presidenta municipal, a quien acusan de incumplir acuerdos firmados previamente (como un convenio del 11 de diciembre de 2025), falta de transparencia y atropellos en la gestión pública.

La mañana del martes 3 de febrero, elementos policiacos intervinieron para recuperar el inmueble, lo que derivó en enfrentamientos con jaloneos, forcejeos y empujones entre manifestantes y agentes. Durante el operativo, Francisco Falcón fue detenido tras presuntamente agredir físicamente a un funcionario o trabajador del Ayuntamiento (versiones oficiales señalan a un jurídico o secretario municipal). Quedó a disposición de la autoridad municipal para las investigaciones correspondientes, mientras que el caso se mantiene bajo revisión para determinar responsabilidades legales.

Tras la intervención, la Presidencia Municipal fue liberada, permitiendo el retiro de los manifestantes y la reanudación paulatina de las actividades. Trabajadores pudieron ingresar y la ciudadanía retomó trámites y gestiones, restableciendo el funcionamiento de los servicios públicos en la localidad.
El episodio refleja una tensión social creciente en Xalisco, donde las protestas contra la administración municipal han sido recurrentes en meses recientes, dividiendo opiniones entre quienes apoyan las demandas de transparencia y rendición de cuentas, y quienes critican las afectaciones a la gobernabilidad y servicios básicos. Las autoridades locales han justificado la acción policial como respuesta a actos de agresión y obstrucción, mientras que algunos manifestantes denuncian el uso excesivo de la fuerza.

Hasta el momento, no se han dado a conocer cargos formales adicionales ni la situación jurídica exacta de Falcón, pero se espera que en los próximos días avancen las indagatorias y posibles definiciones legales. El municipio permanece en alerta ante la posibilidad de nuevas movilizaciones.