Ciudad de México (RRC): El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aclaró este lunes que la reciente adquisición de nueve camionetas blindadas para los ministros respondió exclusivamente a motivos de seguridad institucional y no representa una contradicción con el compromiso de austeridad que ha impulsado su administración.
En una conferencia de prensa matutina, Aguilar explicó que la renovación de la flotilla vehicular se justificó porque los vehículos existentes ya no cumplían con los estándares adecuados de protección, considerando las altas responsabilidades que desempeñan los ministros y ministras. Recordó que desde 2010 existe un protocolo para proporcionar medidas de seguridad a los integrantes del máximo tribunal, incluyendo unidades blindadas.
“La austeridad no es un acto simbólico, es un principio ético y una convicción que implica equilibrio entre el uso responsable de los recursos y la garantía de condiciones de seguridad necesarias para cumplir con nuestras funciones”, señaló el ministro presidente. Detalló que la Corte recibió al asumir funciones en septiembre de 2025 un total de 39 vehículos blindados de un parque anterior de 43 unidades, y que la compra se realizó de forma paralela a la desincorporación de unidades más antiguas, buscando no generar un gasto neto mayor.
Las camionetas, modelo Jeep Grand Cherokee con blindaje especializado, generaron controversia pública tras su confirmación el pasado 22 de enero, ya que algunos sectores las consideraron un lujo incompatible con las promesas de eliminación de gastos superfluos anunciadas por la nueva integración de la Corte.
Ante las críticas, el Pleno de la SCJN anunció el 25 de enero que los ministros renunciarían al uso de estas nueve unidades nuevas. Los vehículos serán devueltos o reasignados a juzgadores que enfrenten mayores riesgos, reafirmando el compromiso con “el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo”.
Hugo Aguilar insistió en que la decisión inicial no fue caprichosa ni contradictoria con la austeridad, sino una medida técnica y protocolaria para proteger la integridad personal de quienes integran el Poder Judicial. “No puede haber justicia con privilegios, pero tampoco sin las condiciones mínimas de seguridad”, enfatizó.
La polémica ha puesto en el centro del debate el balance entre protocolos de protección institucional y la percepción ciudadana de austeridad en el uso de recursos públicos, en un contexto donde la SCJN busca proyectar mayor cercanía con la sociedad.
