Por Ricardo Reyes.
En Nayarit se presume un gobierno moderno, cercano al pueblo y abierto al diálogo. Sin embargo, detrás de la propaganda institucional, del desfile de fotografías oficiales y de los discursos sobre transparencia, crece una acusación cada vez más difícil de ignorar: el intento sistemático de acallar a quienes se atreven a cuestionar al poder.
Hoy, para muchos periodistas, medios digitales y comunicadores independientes, ejercer el periodismo crítico en Nayarit se ha convertido en una actividad de riesgo.
No hacen falta hombres armados irrumpiendo en una redacción ni patrullas estacionadas frente a un periódico para imponer silencio. La censura evolucionó. Se sofisticó. Migró al terreno digital.
Ahora aparecen páginas hackeadas, sitios web derribados, cuentas bloqueadas tras denuncias masivas, ataques coordinados desde perfiles anónimos, campañas de linchamiento en redes sociales y ejércitos de aduladores que buscan desacreditar cualquier publicación incómoda para quienes detentan el poder.
La fórmula parece sencilla: al periodista incómodo se le descalifica; al medio crítico se le presiona; a quien investiga se le señala como «enemigo»; y a quien denuncia, se le intenta aislar hasta desgastarlo económica y emocionalmente.
Y mientras esto ocurre, el discurso oficial insiste en que en Nayarit existe plena libertad de expresión.
Pero la libertad no puede medirse por las conferencias de prensa ni por los boletines gubernamentales. Se mide por la capacidad de la prensa para cuestionar sin miedo, investigar sin amenazas y publicar sin la incertidumbre de despertar al día siguiente con sus plataformas fuera de servicio.
Lo más grave no es únicamente la sospecha de censura. Lo verdaderamente peligroso es la normalización del miedo.
Porque cuando un reportero comienza a preguntarse si vale la pena publicar determinada información; cuando un editor decide suavizar un encabezado para evitar represalias; cuando un portal opta por guardar silencio para no convertirse en el siguiente objetivo, la democracia ya empezó a perder terreno.
Un gobierno verdaderamente democrático no necesita aplaudidores profesionales ni operadores digitales dedicados a destruir reputaciones. Tampoco requiere silenciar voces incómodas para sostener su narrativa de éxito.
La crítica no debilita a los gobiernos; los fortalece. Lo que sí los degrada es la intolerancia, la soberbia y la incapacidad de aceptar que el poder público está obligado a rendir cuentas todos los días.
En Nayarit, cada denuncia de hackeo contra medios críticos, cada intento de intimidación y cada campaña de desprestigio debe investigarse con absoluta seriedad y transparencia. Ignorar estos señalamientos o minimizar el problema sólo alimenta la percepción de que existe un aparato dispuesto a castigar la disidencia y premiar la obediencia.
Porque una sociedad donde todos piensan igual no es una sociedad libre.
Es una sociedad intimidada.
Y la historia ha demostrado que los gobiernos que le temen a la prensa no le temen a las mentiras; le temen a la verdad.
Nayarit merece autoridades capaces de responder con argumentos y no con silencios; con resultados y no con propaganda; con apertura y no con persecución.
Porque cuando el poder intenta apagar la crítica, no sólo ataca a un periodista o a un medio de comunicación.
Ataca el derecho de todos los ciudadanos a saber qué ocurre realmente detrás del discurso oficial.
Y cuando la verdad se convierte en enemigo del gobierno, la democracia deja de ser una promesa para convertirse en una simulación.

