Sin Redundar.

Por Carlos Avendaño.

La justicia según el color del partido. La declaración de la senadora Lilly Téllez contra el ex gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya cayó como gasolina sobre una fogata política que desde hace rato dejó de ser discreta. “Debería de comparecer en los Estados Unidos, ahí lo acusaron. En la FGR solo lo encubren”, lanzó la legisladora con esta frase que retrata perfectamente el nivel de desconfianza que existe hoy hacia las instituciones mexicanas. Y ahí está el verdadero problema: cuando media clase política da por inútiles a las instituciones nacionales y la otra mitad las defiende sólo cuando les conviene, el ciudadano termina atrapado entre el cinismo y la propaganda. Porque jurídicamente las cosas deberían ser sencillas: si una persona enfrenta señalamientos, corresponde investigar, presentar pruebas y seguir el debido proceso. Comparecer ante la Fiscalía General de la República no convierte a nadie en culpable, pero tampoco funciona automáticamente como certificado de inocencia. La discusión pública ya no gira únicamente sobre los expedientes, gira sobre la credibilidad. Y en México, la confianza institucional anda tan golpeada que cualquier comparecencia parece más maniobra política que un acto de transparencia. La ironía es por demás devastadora: durante décadas el discurso oficial vendió la idea de soberanía judicial, pero cada vez que surge un caso de alto impacto, una parte de la sociedad termina creyendo más en expedientes de cortes estadounidenses que en las investigaciones mexicanas. Esto no habla bien de Washington, sino que habla muy mal de nosotros. Porque si millones de ciudadanos piensan que la justicia mexicana protege poderosos mientras la extranjera sí los incómoda, entonces el problema dejó de ser un político específico. El problema es la credibilidad completa del sistema. Ahora bien, tampoco se trata de convertir cualquier acusación extranjera en una sentencia automática. Un señalamiento no sustituye pruebas y una narrativa mediática no reemplaza los tribunales. Pero en política la percepción pesa bastantes toneladas. Y cuando aparecen nombres de alto perfil ligados a las investigaciones delicadas, el daño público empieza mucho antes del veredicto. Mientras tanto, las redes sociales hacen lo suyo: unos convierten a Rocha Moya en perseguido político, otros ya lo condenaron sin juicio, y muchos más, simplemente observan el espectáculo con una mezcla de hartazgo y de sospecha. La pregunta incómoda sigue flotando en el ambiente: ¿La ciudadanía todavía cree que la justicia mexicana puede investigar al poder sin pedir permiso político? Porque ahí está el centro del debate, no en los discursos indignados, ni en los hashtags patrióticos, ni en las conferencias defensivas, sino que está en la confianza. Y esta misma confianza, hace tiempo que en México comenzó a cotizarse más cara que el dólar. Porque todo parece indicar que, en este país, la presunción de inocencia suele depender del partido político, pero si el acusado es adversario, exigen cárcel inmediata, si es aliado, entonces descubren súbitamente el amor por el debido proceso. Salvo su mejor opinión estimado lector…

La apuesta de Claudia. Si algo está quedando claro en esta crisis es que la presidenta Claudia Sheinbaum Paro ya está haciendo una apuesta. Y en las apuestas políticas, como las de un casino, tienen dos posibles desenlaces: ganar o perder, porque no hay término medio. La pregunta es simple: ¿A qué le está apostando exactamente Claudia y compañía? Porque cada día que pasa sin que se disipen los señalamientos, las especulaciones y las sospechas que rodean a toda la clase política sinaloense, el costo deja de ser local y comienza a convertirse en un problema Inter-Nacional. Lo que está en juego ya no es únicamente el futuro político de un gobernador. Lo que está en juego es la credibilidad de todo un gobierno. La presidenta Sheinbaum Pardo parece confiar en que el tiempo diluirá la polémica, que la narrativa oficial terminará imponiéndose y que Washington tendrá otras prioridades más urgentes que una confrontación abierta con México. Vaya que estamos hablando de una apuesta arriesgada, muy arriesgada, porque del otro lado también hay una apuesta. Y la política estadounidense jamás se caracteriza por abandonar conflictos a mitad del camino. Si existe algo que ha demostrado históricamente Washington es que cuando decide convertir un tema en prioridad estratégica, suele insistir hasta que obtiene resultados. Por esto la pregunta verdaderamente importante no es ¿Qué ocurrirá si Claudia Sheinbaum Pardo ganó esta apuesta? La pregunta es: ¿Qué ocurrirá si la pierde? Porque si nuevas revelaciones, investigaciones o presiones internacionales escalan el conflicto, el costo podría dejar de recaer sobre individuos específicos para impactar directamente la imagen del gobierno federal. Y entonces la discusión dejaría de ser sobre una persona, porque sería sobre la capacidad del Estado mexicano para demostrar independencia, transparencia y credibilidad. Toda presidencia tiene un momento que termina definiendo su historia. No necesariamente es la reforma más importante, no necesariamente es la elección más competida, a veces es una decisión concreta que obliga al poder a escoger entre el costo inmediato y el riesgo futuro. La historia política está llena de gobernantes que creyeron estar protegiendo a un aliado cuando en realidad estaban comprometiendo su propio legado. Porque en política existe una regla implacable: los gobiernos pueden sobrevivir a los escándalos, pero a lo que rara vez sobreviven es a la percepción de encubrimiento. Y precisamente ahí es donde se encuentra hoy la verdadera apuesta presidencial. No se trata solamente de defender a una persona, se trata de evitar que la opinión pública concluya que el poder está dispuesto a protegerse a sí mismo por encima de cualquier otra consideración. Si esta percepción se llega a instalar, el problema ya no será Sinaloa, sino que el problema será todo el sexenio morenista…

Canasta Básica: México donde el jitomate parece un artículo de lujo. En México ya no se pregunta cuánto cuesta el kilo de jitomate, se pregunta si todavía alcanza para comprarlo sin sentir que uno está pagando mensualidades de un carro. El dato es brutal: el jitomate aumentó 121.1% y se convirtió en uno de los productos que más golpean el bolsillo de las familias mexicanas. Mientras el gobierno presume estabilidad económica desde el podio mañanero, en la cocina mexicana la inflación ya se convirtió en ingrediente obligatorio. Y lo más insultante es que nos quieren vender la idea de que “la inflación está controlada”. Claro, controlada para quienes comen en restaurantes de lujo, cobran del erario o viajan en camionetas blindadas. Porque para el ciudadano común, hacer una salsa ya parece una inversión de alto riesgo. Hoy el jitomate no acompaña la comida; la encarece. La papa sube, el chile sube, la tortilla amenaza con dispararse y el salario sigue jugando a las escondidas con la realidad. La canasta básica ya no es básica: es selectiva. Lo más absurdo es escuchar a los políticos celebrando “logros macroeconómicos” mientras millones de mexicanos hacen malabares en el supermercado para decidir entre comprar fruta, carne o pagar el gas. La economía oficial vive en PowerPoint; la economía real vive en el tianguis. Y ahí están los funcionarios tomándose fotos en los mercados populares, sonriendo frente a los puestos en donde probablemente nunca han preguntado cuánto cuesta un kilo de tomate. Porque una cosa es recorrer mercados para la propaganda y otra muy distinta sobrevivir con un salario que se evapora antes de llegar a la quincena. El problema ya no es sólo la inflación. El problema es la normalización de la pobreza disfrazada de resiliencia nacional. Nos han querido convencer de que “el mexicano aguanta todo”, como si esto fuera una virtud y no una consecuencia de gobiernos incapaces de contener el golpe al bolsillo. La ironía es cruel: México produce alimentos, exporta millones de toneladas agrícolas y presume potencia agroalimentaria, pero sus ciudadanos cada vez batallan más para poner comida en la mesa. Y mientras el jitomate se vuelve un lujo, la clase política sigue viviendo del presupuesto como si aquí no pasara nada. Ellos no sienten la inflación, la cobran…

Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…

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