El desplome de casi 8 puntos en mayo sepulta la gestión estatal en el sótano del ranking de Demoscopia Digital. La soberbia oficialista, la represión en Playa Las Cocinas y el acoso sistemático al SUTSEM dinamitan la gobernabilidad en el estado.
Por Carlos Hartig.
La soberbia y la cerrazón política finalmente cobraron su factura más alta y dolorosa a la actual administración estatal. En un hecho sin precedentes que sacude el tablero político local y nacional, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero se ha consolidado oficialmente como el mandatario peor evaluado de todo México. De acuerdo con el más reciente ranking nacional elaborado por la prestigiosa casa encuestadora Demoscopia Digital, correspondiente al mes de mayo de 2026, el Ejecutivo nayarita ocupa la deshonrosa posición 32 de 32, tocando el fondo absoluto del respaldo ciudadano. La caída no es un simple bache estadístico; es un colapso en toda regla que fulmina el discurso de la «transformación» y expone el profundo repudio de una sociedad que se siente traicionada, reprimida y asfixiada por las decisiones emanadas del tercer piso de Palacio de Gobierno.
Para entender la magnitud del desastre político, es necesario analizar la vertiginosa radiografía de la desaprobación ciudadana que ha sufrido el mandatario a lo largo del año. El comportamiento de los números oficiales de la encuestadora revela un escenario de extrema volatilidad y desgaste acelerado que se desglosa de la siguiente manera:
- Enero de 2026: El gobernador inició el año con un frágil y comprometido 45.6% de aprobación, arrastrando los saldos negativos del año anterior.
- Febrero de 2026: La crisis se agudizó tempranamente, registrando un preocupante descenso que lo llevó al 41.7%.
- Marzo de 2026: Contra todos los pronósticos, el mandatario experimentó un repunte inusual debido a una intensa campaña de propaganda institucional, alcanzando un pico del 50.5%, el segundo nivel más alto de confianza en sus dos últimos años de gestión.
- Abril de 2026: La inercia positiva comenzó a fracturarse de inmediato, mostrando los primeros síntomas de desgaste al retroceder ligeramente al 49.6%.
- Mayo de 2026 (El desplome definitivo): La aprobación se hundió estrepitosamente hasta regresar al 41.7%.
Este último dato representa una pérdida fulminante de 7.9 puntos porcentuales —prácticamente 8 puntos— en un periodo de apenas 30 días respecto al techo alcanzado en marzo, convirtiendo a mayo en el mes de la debacle y colocándolo por primera vez en la historia de su sexenio como el último lugar nacional de los 32 gobernadores del país.
El detonante inmediato de esta estrepitosa caída tiene nombre y apellido en la costa del estado: el conflicto de Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas. Lo que debió resolverse mediante la concertación, el respeto a la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y la defensa del libre acceso de los ciudadanos a las playas públicas, fue abordado por la administración estatal con la peor de las recetas: la mano dura y el autoritarismo. La indignación social escaló a niveles críticos luego de que el aparato de justicia del estado fuera utilizado para criminalizar la legítima protesta de los pobladores y defensores ambientales. La apertura de carpetas de investigación en contra de ocho activistas y la detención arbitraria de cuatro integrantes del Comité Puntamitense enviaron un mensaje terrorífico a la sociedad: que en el Nayarit de hoy, defender los recursos naturales y el patrimonio colectivo frente a los intereses de los grandes desarrollos inmobiliarios privados es castigado con la cárcel. Este sometimiento del poder público a las élites económicas terminó por dinamitar la poca confianza que le quedaba a los sectores productivos y sociales de la región costera.
Sin embargo, el derrumbe de Navarro Quintero no se construyó en un solo mes ni en un solo frente; la crisis de Bahía de Banderas es la gota que derramó un vaso colmado por años de hostigamiento sistemático hacia el corazón de la base trabajadora del estado. La guerra frontal y sin cuartel que el gobernador mantiene contra el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Nayarit (SUTSEM) ha sido el motor principal de su desgaste en las zonas urbanas. Bajo la cuestionable bandera de una «austeridad» que raya en el estrangulamiento institucional, el Ejecutivo ha impulsado reformas draconianas para arrebatar conquistas laborales históricas, ha congelado los fondos de pensiones y mantiene una cerrazón absoluta al diálogo con la dirigencia sindical. Las constantes marchas, los plantones y el clima de linchamiento mediático promovido desde las ruedas de prensa oficiales hacia la burocracia estatal no hicieron más que unificar a miles de familias trabajadoras en un frente común de resistencia. Al golpear al SUTSEM, Navarro Quintero no destruyó los supuestos privilegios de unos pocos; lo que hizo fue vulnerar la economía de miles de hogares nayaritas que hoy, con justa razón, le dan la espalda en las mediciones de opinión.
El panorama para la segunda mitad de su mandato se torna dantesco, oscuro y prácticamente sin margen de maniobra. Un gobernante que tiene al 58.3% de su población en contra —es decir, casi seis de cada diez ciudadanos rechazan su gestión— sufre de una preocupante invalidez política para sacar adelante cualquier proyecto de gran envergadura. Durante gran parte de su sexenio, Navarro Quintero había caminado en la cuerda floja, manteniéndose en la periferia de los gobernantes peor calificados en los monitoreos de firmas como Mitofsky o Massive Caller. Sin embargo, el veredicto de Demoscopia Digital en este mes de mayo rompe cualquier zona de confort y destruye el mito del «gobernante fuerte». Hoy queda al descubierto que la fuerza del Estado ha sido mal encauzada: fuerte contra los burócratas del SUTSEM, fuerte contra los pescadores y activistas de Punta de Mita, pero alarmantemente débil e ineficaz para resolver el estancamiento de la infraestructura hospitalaria, la falta de empleos dignos y el encarecimiento de los servicios básicos en la entidad.
Entrar al deshonroso sótano de la política nacional exige una autocrítica profunda y radical que, por desgracia, no se vislumbra en los pasillos de Palacio de Gobierno. Insistir en la narrativa victimista, culpar a las administraciones del pasado o calificar de «campañas negras» a las expresiones legítimas del descontento ciudadano solo acelerará el aislamiento del mandatario. Nayarit se encuentra en una encrucijada de gobernabilidad extremadamente delicada. Si la respuesta del gobernador ante el desastroso 41.7% de aprobación es mantener el acoso al sindicalismo y sostener la persecución contra los comités comunitarios de Bahía de Banderas, el último lugar nacional no será una condición pasajera, sino el sello definitivo de un sexenio agonizante. Mayo de 2026 quedará registrado en los anales de la historia local como el mes en que el gobierno perdió la calle, la legitimidad y el respeto del pacto federal; la pregunta que queda en el aire ya no es si el gobernador puede recuperar el rumbo, sino qué tanto daño estructural le seguirá causando a Nayarit mientras permanezca en el fondo.

