¡TERREMOTO POLÍTICO EN NAYARIT! NEXOS CRIMINALES SALPICAN A SÍNDICA DE SANTA MARÍA DEL ORO TRAS MEGAOPERATIVO FEDERAL: CASAS DE SEGURIDAD, ARMAMENTO Y EXTORSIÓN AL DESCUBIERTO.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
Una profunda sacudida política y de seguridad pública ha estallado con fuerza en el estado de Nayarit, luego de revelarse que las ramificaciones de la delincuencia organizada presuntamente han alcanzado las altas esferas del Ayuntamiento de Santa María del Oro. Fuentes ministeriales de primer nivel han confirmado que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una rigurosa, exhaustive y prioritaria línea de investigación penal que apunta de forma directa al círculo más íntimo y consanguíneo de la síndica municipal, Monserrath Zepeda Guillén. El escándalo, que ya comenzó a fracturar la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en la región de las lagunas, coloca en el ojo del huracán a los familiares más cercanos de la alta funcionaria, detonando una ola de indignación social ante las sospechas de una presunta red de complicidades, omisiones y protección gubernamental para la operación impune de actividades ilícitas de alto impacto.
De acuerdo con los datos técnicos asentados en los expedientes oficiales de la representación social, la Fiscalía Estatal mantiene bajo una estricta lupa jurídica la carpeta de investigación con folio NAY/TEP/IIIICI/02124/2026. En dicho documento ministerial aparecen señalados de manera explícita e irreversible los ciudadanos Efraín Galaviz García y Ernesto Galaviz Zepeda, quienes han sido plenamente identificados por las autoridades estatales y federales como el padre y el hermano de la síndica municipal en funciones. A ambos sujetos se les vincula formalmente con conductas delictivas que atentan contra el desarrollo económico y la paz pública, específicamente en una trama que involucra la venta ilegal y clandestina de bebidas alcohólicas a gran escala, combinada con sistemáticos actos de extorsión y cobro de piso, una conducta criminal que, según las denuncias ciudadanas interpuestas de forma anónima, mantenía bajo sometimiento y asfixia financiera a diversos comerciantes, locatarios y pequeños empresarios de la demarcación.
Las pesquisas ministeriales, que inicialmente se perfilaban como un asunto del orden local, cobraron de inmediato una relevancia de impacto en todo el país tras coordinarse de manera quirúrgica con un masivo y sorpresivo despliegue interinstitucional. Esta ofensiva frontal contra el crimen fue ejecutada de manera conjunta por efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, contando además con el respaldo técnico y operativo de la Fiscalía General de la República (FGR). Mediante este megaoperativo blindado, las fuerzas del orden asestaron un golpe contundente a las estructuras logísticas de los grupos delictivos que operan en la entidad, logrando la captura de una veintena de sospechosos e irrumpiendo en diversos puntos considerados como focos rojos de delincuencia. Fue precisamente en el marco de estas acciones de alta seguridad donde las autoridades ejecutaron un cateo en el establecimiento comercial vinculado directamente a la familia de la síndica, destapando el verdadero alcance de la red criminal que operaba a la sombra del poder local.
El balance definitivo de esta histórica ofensiva militar y policial en la geografía nayarita confirma la peligrosidad y el alto nivel de organización de la célula delictiva que mantenía en vilo a la región: en total, las fuerzas federales lograron la detención de 25 personas en flagrancia y el aseguramiento de cuatro inmuebles que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad y centros de distribución. Asimismo, se logró la incautación de un arsenal de guerra compuesto por cinco armas cortas, cuatro armas largas de grueso calibre, 143 cargadores y la alarmante cantidad de 12,262 cartuchos útiles de diversos calibres. El decomiso no paró ahí; las autoridades también aseguraron equipo táctico de uso exclusivo de las fuerzas armadas, incluyendo seis chalecos antibalas, ocho placas balísticas, 12 pantalones tácticos, 12 camisas del mismo tipo y dos uniformes completos, además de herramientas de tortura como un bate de madera y una tabla, lo que evidencia el nivel de sofisticación, violencia y control territorial que los infractores ejercían sobre la población.
El hilo conductor que amarra de forma sólida la investigación contra los familiares de la funcionaria municipal con los masivos decomisos de las fuerzas federales se centra en el hallazgo de infraestructura para el comercio ilegal y el lavado de dinero rápido. Durante los cateos, las autoridades confiscaron 16 máquinas tragamonedas de uso prohibido, fuertes sumas de dinero en efectivo que ascienden a más de 103 mil pesos y 300 dólares, así como un lote masivo de 9,360 cervezas de procedencia ilícita y contrabando. Este millonario inventario de mercancía clandestina era presuntamente distribuido, monopolizado y protegido mediante las redes de extorsión en los pasillos comerciales de Santa María del Oro y zonas aledañas. Mientras las fiscalías acumulan las pruebas periciales, análisis telefónicos de los 18 celulares asegurados y los cruces de información financiera para desglosar el grado de responsabilidad de Galaviz García y Galaviz Zepeda, el palacio municipal de Santa María del Oro permanece hundido en un silencio sepulcral, sin que hasta el momento la alcaldía o el cabildo emitan un posicionamiento oficial para aclarar la situación de la funcionaria o el presunto uso de influencias.
Ante la gravedad extrema de los hallazgos, el arsenal decomisado y la presión de las fuerzas armadas en el territorio, la opinión pública local y diversos sectores políticos estatales han comenzado a exigir de manera enérgica que la síndica Monserrath Zepeda Guillén sea separada de su cargo de manera inmediata, ya sea mediante una licencia o un juicio de procedencia, para evitar que la estructura y los recursos del Ayuntamiento sean utilizados para obstaculizar el flujo de las indagatorias ministeriales. Expertos en materia de derecho penal y combate a la corrupción señalan que la permanencia de la funcionaria en la sindicatura resulta éticamente insostenible y legalmente riesgosa, dado que ese órgano es el encargado precisamente de vigilar la legalidad, los presupuestos y los bienes del municipio, una contradicción absoluta mientras sus familiares directos enfrentan acusaciones por delitos que flagelan directamente a los ciudadanos que ella juró proteger y representar.
Finalmente, los 25 detenidos, los vehículos incautados —entre ellos 19 automóviles, un tractocamión y dos motocicletas—, así como las dosis de sustancias ilícitas que incluyen 398 dosis de cristal, 12 de cocaína y casi de cinco kilogramos de marihuana, fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público de la Federación y del fuero común para definir su situación jurídica y continuar con las acciones periciales pertinentes. Los mandos militares y las autoridades estatales reafirmaron de manera enfática que cada una de estas intervenciones se ejecutó con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, recordando que, conforme a los tratados internacionales y las leyes vigentes en el país, los familiares de la síndica involucrados permanecen bajo el estatus y el beneficio del principio de presunción de inocencia hasta que un tribunal judicial competente emita una sentencia condenatoria definitiva. Los ojos de la sociedad civil organizada y los observadores de derechos humanos se mantendrán vigilantes ante el desarrollo de este litigio penal, el cual se proyecta como una prueba de fuego crucial para las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en el estado de Nayarit.
