Por Carlos Hartig.
La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) se encuentra en una de las encrucijadas más oscuras y peligrosas de toda su trayectoria institucional. En un ejercicio de transparencia que evidencia la gravedad de la situación, la rectora de la máxima casa de estudios, Norma Liliana Galván Meza, reconoció de manera pública que la institución arrastra un pasivo histórico que roza los 4 mil millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este anuncio no solo confirma los peores temores de la comunidad académica, sino que coloca a la universidad al borde de una parálisis financiera total.
El origen de este monumental boquete económico no es reciente; representa la acumulación de años de opacidad, omisiones fiscales sistemáticas e irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de administraciones anteriores. Durante sucesivos periodos rectorales, la institución retuvo los impuestos correspondientes a sus trabajadores pero no los reportó a la federación, utilizando ese capital para cubrir otros hoyos financieros. Hoy, los recargos, las actualizaciones y las multas aplicadas por la autoridad hacendaria han convertido la omisión del pasado en una deuda impagable bajo las condiciones presupuestales actuales de la UAN.
La asfixia presupuestaria ya se resiente en los pasillos de la universidad. Galván Meza admitió que mantener las finanzas comprometidas a este nivel limita drásticamente la capacidad de operación diaria de la máxima casa de estudios, frenando la inversión en infraestructura académica, laboratorios, investigación y becas estudiantiles. La prioridad de la actual rectoría se ha tenido que concentrar de manera casi exclusiva en la contención del problema, buscando desesperadamente que el SAT no proceda a ejecutar el congelamiento de las cuentas bancarias institucionales, una medida drástica que detendría en seco la vida universitaria.
Ante este panorama desalentador, la administración central de la UAN ha intensificado las gestiones a nivel federal para encontrar una salida política y técnica. La estrategia actual consiste en establecer mesas de negociación permanentes con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la dirección general del SAT para pactar un convenio de reestructuración del adeudo. Sin embargo, las autoridades federales han sido claras en ocasiones anteriores: cualquier rescate o esquema de facilidades vendrá condicionado a una fiscalización exhaustiva y a la aplicación de auditorías que deslinden responsabilidades legales contra quienes provocaron el desfalco.
La incertidumbre ha encendido las alarmas entre los sindicatos de personal docente (SPAUAN) y de empleados administrativos y manuales (SETUAN), quienes ven con profundo temor el riesgo de que la crisis fiscal termine golpeando el bolsillo de la base trabajadora. La historia reciente de la universidad está marcada por cierres de año caóticos donde el pago de quincenas, prestaciones y aguinaldos ha dependido de subsidios extraordinarios de última hora. Con una deuda de 4 mil millones de pesos gravitando sobre la institución, la estabilidad laboral y los contratos colectivos se encuentran bajo una amenaza latente e inédita.
Finalmente, el rescate de la UAN se perfila como un reto que rebasa por completo las capacidades del propio estado de Nayarit. Analistas económicos coinciden en que la viabilidad de la universidad en los próximos años dependerá enteramente de un pacto de corresponsabilidad en el que el gobierno federal, la administración estatal y la propia comunidad universitaria asuman costos políticos y financieros elevados, obligando a la institución a someterse a un plan de austeridad radical y definitivo. Mientras las negociaciones avanzan a contrarreloj, la sociedad nayarita observa con preocupación el destino de la institución que educa a las futuras generaciones de la entidad.

