Ciudad de México (RRC): En el marco del Operativo Enjambre y como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno Federal, autoridades detuvieron este jueves a Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
La captura fue realizada por elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte de las acciones de combate a la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno municipal.
De acuerdo con información oficial, la detención se suma a una serie de operativos desplegados en el estado de Morelos desde finales de abril, cuando el Gobierno Federal reforzó la presencia de fuerzas de seguridad ante los altos índices de violencia y las investigaciones sobre posibles nexos entre servidores públicos y grupos delictivos.
Con este arresto, ya son más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos dentro del denominado Operativo Enjambre, una estrategia que ha puesto bajo la lupa a autoridades de distintos niveles de gobierno. Entre los detenidos figuran siete presidentes municipales en funciones, una cifra que evidencia la profundidad de las investigaciones federales sobre presuntas redes de corrupción y protección al crimen organizado.
El Gobierno de México reiteró que mantendrá una política de “cero impunidad” frente a cualquier indicio de colaboración entre autoridades y organizaciones criminales, independientemente del cargo o nivel de responsabilidad de los involucrados.
La detención del alcalde de Cuautla representa un nuevo golpe político para Morelos, entidad que en los últimos años ha enfrentado constantes señalamientos por la presencia de grupos delictivos dedicados a la extorsión, el secuestro y el control territorial de actividades económicas.
Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer detalles específicos sobre los delitos que se imputan al edil, aunque se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República amplíe la información sobre el caso y el proceso judicial que enfrentará.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la vulnerabilidad de los gobiernos municipales frente a la penetración del crimen organizado, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y depuración de las corporaciones y administraciones locales.

