“Polémica en México: 100 millones de celulares sin registrar y la GSMA lanza una dura advertencia contra la CRT”.
Redacción 
Ciudad de México (RRC): A pesar de los esfuerzos del gobierno federal para avanzar en el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, en México todavía existen cerca de 100 millones de líneas sin registrar, situación que ha generado preocupación en el sector de telecomunicaciones y reavivado el debate sobre privacidad, vigilancia y seguridad digital.
La discusión tomó fuerza luego de que la industria agrupada en la GSMA, organización internacional que representa a operadores móviles de todo el mundo, manifestó públicamente su desacuerdo con la implementación de la denominada CRT, mecanismo impulsado por autoridades mexicanas para concentrar y validar información de usuarios de telefonía celular.
De acuerdo con especialistas, el objetivo oficial de la CRT es fortalecer el combate a delitos como la extorsión y el fraude telefónico mediante la identificación de usuarios. Sin embargo, organismos empresariales y defensores de derechos digitales advierten que el modelo podría representar riesgos importantes para la protección de datos personales y la privacidad de millones de ciudadanos.
La GSMA señaló que la experiencia internacional demuestra que los registros obligatorios de usuarios no han logrado reducir de manera significativa los índices delictivos asociados a la telefonía móvil. Además, alertó sobre posibles efectos negativos como la exclusión digital, el aumento del mercado negro de chips telefónicos y vulnerabilidades en el manejo de bases de datos masivas.
El organismo internacional también cuestionó la viabilidad operativa del sistema en un país donde millones de personas utilizan líneas de prepago y donde aún persisten amplias brechas de conectividad, especialmente en comunidades rurales y sectores de bajos ingresos.
En México, el antecedente más polémico fue el extinto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), eliminado tras múltiples críticas relacionadas con filtraciones de datos y escasa efectividad en materia de seguridad pública.
Expertos del sector consideran que insistir en esquemas similares podría derivar nuevamente en conflictos legales y constitucionales, particularmente en temas relacionados con protección de datos personales y derechos digitales.
Mientras tanto, la cifra de líneas sin registrar continúa representando uno de los mayores desafíos para las autoridades regulatorias y para las empresas de telecomunicaciones, en medio de una discusión que enfrenta la necesidad de seguridad pública con las libertades individuales y la privacidad de los usuarios.
