Redacción 
Ciudad de México (RRC): El fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México ha encendido alertas entre empresarios, inversionistas y especialistas jurídicos debido al impacto que el bloqueo de cuentas bancarias puede tener sobre la operación y estabilidad financiera de las empresas.
El tema ha cobrado relevancia tras recientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que respaldaron la constitucionalidad de mecanismos contemplados en la Ley de Instituciones de Crédito para la inmovilización preventiva de recursos financieros vinculados con posibles actividades ilícitas.
De acuerdo con especialistas de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de COPARMEX Ciudad de México, aunque el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita es una necesidad para proteger al sistema financiero nacional, también existe preocupación por el alcance de las facultades otorgadas a las autoridades financieras.
La discusión gira principalmente en torno a la llamada Lista de Personas Bloqueadas y las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ordenar la suspensión inmediata de operaciones bancarias cuando existan indicios de posibles vínculos con delitos financieros o financiamiento al terrorismo.
Recientemente, el máximo tribunal del país validó el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, disposición que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para incorporar personas físicas o morales a dicha lista preventiva.
La Corte sostuvo que el procedimiento contempla mecanismos de defensa suficientes, como derecho de audiencia, presentación de pruebas y posibilidad de impugnar las resoluciones. Además, determinó que el bloqueo de cuentas constituye una medida administrativa preventiva y no una sanción penal.
Sin embargo, representantes empresariales advierten que el verdadero debate se centra en el equilibrio entre seguridad financiera y certeza jurídica.
Según COPARMEX, la principal inquietud no es únicamente la inmovilización temporal de recursos, sino las afectaciones que podrían generarse antes de una resolución definitiva, incluyendo dificultades para pagar salarios, cumplir contratos, cubrir obligaciones fiscales o mantener operaciones cotidianas.
“La seguridad jurídica representa un elemento fundamental para la confianza empresarial y la estabilidad económica”, señaló Elizabeth Leyva Valdés, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de COPARMEX Ciudad de México.
La organización empresarial sostuvo que la prevención del lavado de dinero y la protección del Estado de Derecho no deben entenderse como objetivos opuestos, sino como elementos que deben coexistir bajo principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.
Especialistas consideran que el reto actual consiste en fortalecer mecanismos preventivos dentro de las empresas para reducir riesgos y garantizar controles internos que permitan enfrentar eventuales procedimientos relacionados con bloqueos financieros.
En este contexto, COPARMEX Ciudad de México anunció la realización del desayuno de alto nivel “Prevención y Gestión de Bloqueo de Cuentas”, programado para el próximo 2 de junio, donde autoridades y expertos analizarán los alcances legales y financieros de estas medidas.
