(Video) El Cartel de la Toga Inmobiliaria en Nayarit: Poder Judicial persigue a Defensores del Litoral.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
En una flagrante muestra de cómo las instituciones de justicia locales operan bajo el esquema de «jueces de consigna» al servicio del capital transnacional, el Poder Judicial del Estado de Nayarit ha desatado una cacería penal de dimensiones alarmantes. A través de un juicio de amparo que rompió el hermetismo institucional, se confirmó que el Centro Regional de Justicia Penal Número V, ubicado en Bucerías, Bahía de Banderas, duplicó los mandatos de captura dentro de la causa penal 359/2026. No son cuatro, sino ocho las órdenes de aprehensión emitidas contra pescadores, ejidatarios y defensores ambientales de Playa Las Cocinas, una de las últimas ventanas al mar públicas en Punta de Mita, hoy cercada y amenazada por el megaproyecto turístico de la empresa Cantiles de Mita, filial del poderoso Grupo DINE.
La celeridad con la que los jueces de control de Bucerías estructuraron el expediente punitivo contrasta de forma grotesca con el tortuguismo endémico que sepulta los miles de casos de desaparición, feminicidio y despojo agrario que desangran a la entidad. Bastaron unas cuantas horas tras la denuncia interpuesta por los apoderados legales del consorcio hotelero de ultra lujo para que la maquinaria judicial estatal se arrodillara. Sin mediar investigaciones exhaustivas ni respetar las garantías del debido proceso, el tribunal local obsequió los mandatos de captura tipificando la resistencia civil pacífica y la protección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) bajo delitos graves como asociación delictuosa, amenazas y daños en propiedad ajena, un catálogo delictivo diseñado explícitamente para infundir terror judicial.
La actuación de los juzgadores de Bahía de Banderas devela la existencia de un «cartel de la toga» subordinado a las plusvalías inmobiliarias de la Riviera Nayarita. Al mantener las órdenes de captura bajo el esquema de sigilo absoluto, el Poder Judicial del estado no solo impidió el derecho a una defensa oportuna, sino que preparó el terreno para detenciones arbitrarias y traslados exprés de activistas hacia centros penitenciarios de Tepic, a más de 150 kilómetros de sus comunidades. Para la opinión pública nacional, resulta inadmisible que un tribunal penal se transforme materialmente en la gerencia jurídica y de cobranza de un desarrollador privado, utilizando la prisión preventiva como garrote para doblegar la dignidad de los pueblos originarios de Nuevo Corral del Risco y Emiliano Zapata.
Este sometimiento del tribunal penal es el reflejo de un sistema judicial local carcomido por el tráfico de influencias y la corrupción estructural. Resulta imposible hablar de autonomía judicial cuando los jueces de control validan con sus firmas el ecocidio costero e ignoran de forma sistemática los decretos y suspensiones que los comités ciudadanos han ganado en el plano ambiental. La complicidad por omisión y acción del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit convierte a la judicatura local en coautora del despojo de las playas mexicanas. Los juzgados de oralidad de Bucerías operan hoy bajo la premisa de que los recursos naturales del país no pertenecen a la nación por mandato constitucional, sino al mejor postor que pueda financiar el costo de la represión legal.
El escándalo, que ya trasciende las fronteras nayaritas para posicionarse en la agenda de la prensa escrita nacional, expone el doble discurso y la simulación gubernamental en las zonas de mayor opulencia turística del Pacífico. Mientras las autoridades políticas simulan instalar «mesas de negociación» y diálogo social ante la Secretaría de Gobernación, los jueces locales operan por la espalda el descabezamiento de los movimientos civiles. Al imputar el cargo de «asociación delictuosa» a una protesta legítima contra las escolleras y muros de concreto de Grupo DINE, el Poder Judicial de Nayarit sienta un precedente funesto y un preocupante retroceso democrático que equipara la legítima defensa ecológica con las actividades de la delincuencia organizada.
Ante la evidente descomposición de los tribunales estatales y la falta de garantías procesales en Nayarit, colectivos de derechos humanos y juristas de renombre nacional han lanzado un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal para que atraigan el caso. Exigen la revocación inmediata de la causa penal 359/2026 y una auditoría profunda al Centro Regional de Justicia Penal de Bucerías. La defensa de Playa Las Cocinas ya no es un conflicto estrictamente local; es la radiografía nacional de un pueblo que se niega a ser expulsado de su propio territorio por una justicia que se cotiza en dólares y se despacha desde las oficinas corporativas del lujo inmobiliario.
