Sin Redundar

Por Carlos Avendaño.

El anuncio de que el ex gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, compareció ante la Fiscalía General de la República llegó acompañado del manual clásico de la política bajo presión: confianza en las instituciones, disposición para colaborar y la convicción de que “la verdad prevalecerá”. Y está bien, porque en un Estado de derecho, comparecer ante una autoridad investigadora no equivale a culpabilidad, pero tampoco ninguna investigación es sentencia. Esto debería ser obvio, aunque en tiempos de polarización la presunción de inocencia suele durar menos que una tendencia en las benditas redes sociales. Pero existe otra verdad incómoda: la ciudadanía no evalúa únicamente los expedientes judiciales, también juzga contextos, resultados y percepciones acumuladas. Y en Sinaloa, en donde la inseguridad y la incertidumbre han ocupado demasiadas conversaciones, la confianza pública no puede recuperarse con ningún comunicado. Porque el problema de fondo no es sólo quién comparece, sino por qué la palabra “investigación” asociada a figuras políticas genera más escepticismo que tranquilidad. Décadas de escándalos nacionales nos han enseñado a los mexicanos una lección amarga: cuando aparece un micrófono, abundan las declaraciones sobre honor, cuando aparece una carpeta, comienza la batalla narrativa. La política mexicana tiene una costumbre por demás curiosa: todos creen profundamente en las instituciones, hasta que las instituciones los contradicen. Por esto, las frases dichas por Rubén Rocha Moya de: “acudiré cuando me llamen” o “confío en el sistema judicial”, deberían de ser normales, más no sorprendentes. Porque el cumplir con la ley no es meritorio de aplausos, debería de ser un requisito mínimo para cualquiera que ejerció el poder. Mientras tanto, la ciudadanía está observando, algunos con respaldo, otros con sospecha y muchos otros con cansancio. Porque el ciudadano común ha aprendido algo, entre los discursos de inocencia y las acusaciones de culpabilidad, existe un territorio más difícil, llamado verdad comprobable. Y esta verdad comparable no se construye en las conferencias ni se destruye en los rumores, sino que se acredita con las investigaciones, el debido proceso y la evidencia. En México solemos pedir justicia rápida cuando se trata del adversario, y prudencia jurídica, cuando se trata del aliado. El principio cambia según el color partidista, pero la coherencia casi nunca. Comparecer no condena, pero tampoco absuelve la desconfianza…

La comparecencia del senador Enrique Inzunza Cázarez, ante la Fiscalía General de la República ocurre en un contexto delicado: señalamientos reportados sobre presuntos vínculos con una facción criminal dentro de acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses. Comparecer, hay que decirlo con toda claridad, no constituye prueba de culpabilidad y ninguna acusación equivale alguna condena. Para esto existen las investigaciones, la evidencia y el debido proceso. Pero la política mexicana tiene un problema adicional, la credibilidad pública ya se encuentra desgastada antes de que empiece cualquier explicación. Porque cuando varios personajes relevantes pasan por fiscalías dentro de un mismo contexto, la pregunta ciudadana ya no es jurídica, sino que es política: ¿Cómo se llegó a un punto en donde estas noticias dejan de sorprender? Durante años, el discurso oficial ha repetido que el combate a la corrupción y a la criminalidad es una prioridad. Sin embargo, la percepción social suele funcionar con otra lógica: mientras más se promete limpieza absoluta, más ruido genera cualquier investigación, comparecencia o señalamiento alrededor del poder. Y entonces aparece el ritual conocido, un comunicado institucional, una defensa pública, los llamados a esperar los resultados y los recordatorios -correctos, por cierto- sobre la presunción de inocencia. Todo esto debe de respetarse siempre, pero la confianza ciudadana no opera bajo códigos penales. La confianza se erosiona lentamente y después cobra los intereses. El ciudadano común observa desde afuera una escena extraña: políticos compareciendo, investigaciones avanzando, declaraciones cruzadas y una sociedad intentando distinguir entre hechos comprobados, acusaciones, narrativas partidistas y ruido mediático. En ocasiones parece que la política mexicana no compite por transparencia, sino por controlar primero la interpretación. La ironía es por demás brutal, en un país en donde millones de mexicanos piden instituciones fuertes, cada episodio de alto perfil termina siendo también una prueba para estas instituciones. No basta con solo investigar, importa mucho el convencer a la sociedad de que la ley es funcional al igual que para quien gobierna, legisla o simplemente para quien paga los impuestos. La verdadera crisis empieza cuando una comparecencia política deja de parecer excepcional y comienza a sentirse como parte del calendario. Entonces el problema ya no es una persona, sino el desgaste acumulado de la confianza pública. Porque cuando la política entra al Ministerio Público, la confianza ciudadana ya salió hace rato por la puerta…

Cuando la violencia también expulsa alumnos de las aulas. Por demás impactante resulta que hasta 180 alumnos hayan sido reubicados debido a la ola de violencia que persiste en comunidades como: Tepuche y El Potrero de los Ibarra, según así lo confirmó la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. Detrás de este número, existe una realidad mucho más dura: las familias tomando decisiones extremas para proteger a sus hijos. Porque ningún padre quisiera cambiar de escuela a un menor por gusto, pero mucho menos hacerlo por miedo. Innegablemente, esta situación refleja la dimensión de una crisis de seguridad que Sinaloa viene arrastrando desde el recrudecimiento de la violencia derivada del conflicto entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, realidad que comenzó a profundizar desde septiembre de 2024 y cuyos efectos han alcanzado espacios que deberían permanecer intocables, como lo son las escuelas. Porque la violencia no sólo desplaza a las familias, sino que también desplaza a los maestros e interrumpe las clases, y también obliga a modificar las dinámicas educativas en las comunidades en donde impartir enseñanza presencial se convierte en un grave riesgo. Y aunque resulte incómodo reconocerlo, difícilmente puede ocultarse que existen algunas rancherías y zonas rurales en donde la normalidad educativa dejó de existir hace un buen tiempo. El gran desafío no es únicamente admitir el problema. El verdadero reto consiste en evitar que cientos de estudiantes terminen pagando con rezago educativo una crisis que no provocaron ellos. Porque cuando una generación comienza a perder acceso estable a la educación, las consecuencias no terminan en un ciclo escolar, sino que pueden extenderse durante años. En este contexto, la reubicación de los alumnos de Tepuche y El Potrero, representa al menos una respuesta institucional para proteger a toda la continuidad educativa. Quizás sea insuficiente frente al tamaño del problema, pero hablamos de un avance al fin. La tragedia sería normalizar que los niños cambien de escuela por la misma razón que antes cambiaban de domicilio: por sobrevivir. Porque cuando la violencia obliga a mover alumnos, ya no estamos hablando solamente de seguridad pública, estamos hablando del futuro…

Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…

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