“Mientras el discurso presume humanismo, los pacientes sobreviven entre abandono y simulación.”
Redacción 
Zapata
Por Javier Zapata.
El colapso de hospitales públicos en México no puede explicarse únicamente por “falta de medicamentos” o por “problemas administrativos”. El trasfondo es más profundo, una combinación de corrupción estructural, improvisación gubernamental, destrucción de sistemas de distribución, contratos opacos, impunidad política y una narrativa oficial diseñada para negar la crisis mientras millones de personas enfrentan abandono médico.
El discurso gubernamental insiste en que el abasto “está cerca del 100%”, que hay camas suficientes y que el sistema de salud “es mejor que el de Dinamarca”. Sin embargo, auditorías, investigaciones periodísticas, testimonios de pacientes y datos oficiales muestran otra realidad: recetas no surtidas, cirugías suspendidas, hospitales sin insumos básicos, pacientes oncológicos abandonados y personal médico trabajando bajo presión extrema.
La raíz del problema comenzó cuando el gobierno federal desmontó el sistema previo de compras y distribución bajo el argumento de combatir la corrupción. El problema fue que destruyeron redes logísticas sin tener una estructura sustituta funcional. Instituciones como el INSABI colapsaron y posteriormente se transfirieron responsabilidades a Birmex, una paraestatal que terminó señalada por auditorías debido a irregularidades multimillonarias.
Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación revelaron pagos sin justificar, medicamentos caducos, contratos sin evidencia documental, sobreprecios y adjudicaciones a empresas que ni siquiera cumplían requisitos legales. Sólo en observaciones relacionadas con salud pública y compras de medicamentos se reportaron posibles daños por decenas de miles de millones de pesos.
El mecanismo oscuro funciona en varios niveles:
- Centralización del control;
Concentrar las compras en pocas manos permite controlar contratos multimillonarios. Cuando desaparecen contrapesos institucionales y se militariza o politiza la administración pública, aumenta el riesgo de discrecionalidad y corrupción. - Empresas favorecidas y contratos opacos;
Diversas auditorías detectaron adjudicaciones a proveedores con expedientes incompletos, pagos sin comprobación y compras a sobreprecio. - Destrucción logística;
El problema no es solamente comprar medicamentos; el reto es almacenarlos, transportarlos y distribuirlos. Expertos y proveedores denunciaron falta de pagos, retrasos y caos operativo en la llamada “última milla” de distribución. - Manipulación de cifras
El gobierno suele presentar porcentajes globales de abasto para construir percepción pública. Pero un hospital puede reportar “95% de surtimiento” y aun así carecer del medicamento vital que necesita un paciente con cáncer, diabetes o insuficiencia renal. La estadística sirve políticamente; al enfermo no le salva la vida. - Silencio de gobernadores;
Muchos gobiernos estatales prefieren alinearse políticamente antes que confrontar la crisis sanitaria. El costo político de reconocer el colapso hospitalario es alto, por lo que se opta por minimizar, maquillar cifras o culpar a “administraciones pasadas”. - Mercado negro y medicamentos falsificados;
El desabasto abrió espacio a redes criminales. Investigaciones recientes documentan cómo medicamentos falsificados han ingresado incluso al sistema público, aprovechando el caos institucional y la desesperación de pacientes. - Corrupción histórica que nunca desapareció;
El argumento oficial fue que todo se hacía para terminar con la corrupción del pasado. Pero estudios académicos muestran que muchos patrones de contratación de alto riesgo continuaron incluso después del cambio de gobierno.
El resultado humano es devastador:
- Personas muriendo esperando tratamientos.
- Familias endeudadas comprando medicamentos que el Estado debería garantizar.
- Médicos obligados a improvisar sin material.
- Enfermeras trabajando en hospitales saturados.
- Pacientes trasladados entre estados buscando una cama.
- Adultos mayores abandonando tratamientos por falta de surtimiento.
“El problema ya no es sólo administrativo. Se convirtió en una crisis de derechos humanos”.
Porque cuando un gobierno conoce el desabasto, conoce las muertes evitables, conoce la corrupción documentada y aun así sostiene públicamente que “todo está bien”, deja de ser incompetencia y entra en el terreno de la simulación institucional.
“Y esa simulación tiene consecuencias”: personas fallecen no por la gravedad de su enfermedad, sino por la ausencia deliberadamente tolerada del Estado.
“Hablan de derechos humanos mientras normalizan hospitales sin medicinas, sin personal remunerado y sin respuestas.”
En Nayarit la discusión pública sobre salud ya no gira solamente en torno a inaugurar hospitales o anunciar nuevas obras. El verdadero debate está dentro de los hospitales, desabasto, agotamiento del personal médico, infraestructura insuficiente, residentes sometidos a jornadas extremas y un sistema que en muchos casos sobrevive gracias al sacrificio humano de quienes lo sostienen todos los días.
Mientras el discurso oficial habla de “humanismo”, “transformación” y “derecho a la salud”, la realidad que denuncian pacientes, médicos, enfermeras y familiares es distinta: hospitales saturados, retrasos en atención especializada, falta de medicamentos esenciales y trabajadores que laboran bajo presión permanente.
La contradicción más fuerte aparece cuando se privilegia la imagen política sobre la funcionalidad real del sistema. Construir hospitales o anunciar ampliaciones puede generar impacto mediático, pero un hospital no funciona con concreto, ni discursos; funciona con especialistas suficientes, medicamentos, quirófanos equipados, mantenimiento constante, camas operativas y personal con condiciones laborales dignas.
En muchos estados y Nayarit no es ajeno a ello el problema estructural ha sido la simulación administrativa, aparentar capacidad hospitalaria sin resolver el fondo del colapso operativo. Se inauguran espacios mientras persisten carencias internas; se presume cobertura mientras familias deben comprar medicamentos por fuera; se habla de derechos humanos mientras trabajadores sanitarios enfrentan sobrecarga y desgaste físico y emocional.
Los médicos residentes representan uno de los rostros menos visibles de la crisis. En múltiples hospitales públicos del país se han documentado jornadas excesivas, presión jerárquica, falta de descanso adecuado y explotación laboral normalizada bajo la idea de que “así se formaron generaciones anteriores”. Ese modelo deteriora la salud mental del personal y pone en riesgo también la atención a los pacientes.
El problema no es únicamente presupuestal. También existe un modelo político basado en controlar la narrativa pública:
- minimizar denuncias;
- desacreditar críticas;
- ocultar cifras reales de desabasto;
- convertir inauguraciones en propaganda;
- y mantener alineamiento político con la narrativa federal aunque la realidad hospitalaria sea distinta.
Cuando un gobierno afirma que existe “atención digna” mientras pacientes esperan meses para estudios o cirugías, el conflicto deja de ser administrativo y se convierte en un problema ético y de derechos humanos.
Porque el derecho a la salud no se mide por conferencias de prensa ni por fotografías de inauguración. Se mide en:
- medicamentos surtidos,
- camas disponibles,
- atención oportuna,
- personal descansado,
- infraestructura funcional,
- y vidas salvadas.
El riesgo más grave para cualquier sociedad aparece cuando la normalización del colapso se convierte en política pública. Cuando el ciudadano deja de exigir porque se acostumbra al deterioro. Cuando el enfermo agradece recibir apenas lo mínimo. Cuando denunciar deficiencias se interpreta como “ataque político” en lugar de una exigencia legítima de dignidad humana.
La salud pública no debería administrarse desde la propaganda. Porque un hospital puede inaugurarse en un día; pero recuperar la confianza social después del abandono institucional puede tomar décadas.
“La simulación gubernamental se vuelve criminal cuando el desabasto y el abandono ya fueron advertidos.”
La gran expectativa que generó en Nayarit, tener a un médico al frente del gobierno era precisamente esa: que alguien formado en hospitales públicos comprendiera desde dentro el sufrimiento de los pacientes, las carencias del sistema y el desgaste del personal sanitario.
En teoría, la ventaja debía ser enorme.
Un doctor que conoce:
- la saturación de urgencias,
- la falta de medicamentos,
- el agotamiento de enfermeras y residentes,
- la desesperación de las familias,
- y las limitaciones reales de los hospitales públicos, tendría que haber colocado la salud como prioridad absoluta del estado.
La ciudadanía esperaba sensibilidad, capacidad técnica y decisiones humanas. Esperaba que alguien que vivió la realidad hospitalaria jamás permitiera:
- simulación institucional,
- abandono de hospitales,
- propaganda sobre la tragedia,
- ni discursos alejados de la realidad de los pacientes.
La ventaja política y moral de tener un médico gobernando, era que no podía alegar desconocimiento.
Porque un administrador puede decir que no entendía la crisis hospitalaria.
Un político tradicional puede argumentar que dependía de informes.
Pero un médico formado en hospitales públicos sabe perfectamente:
- lo que significa un paciente sin tratamiento;
- una cirugía suspendida;
- un residente explotado;
- una enfermera sin descanso;
- o un familiar buscando medicamentos afuera del hospital.
Por eso la crítica social se vuelve más fuerte cuando la percepción ciudadana observa contradicción entre el discurso humanista y la realidad hospitalaria.
La pregunta de fondo que muchos comienzan a hacerse no es sólo:
“¿qué ventaja tuvo Nayarit al tener un doctor gobernando?”
Sino:
“¿cómo alguien que conocía desde dentro el sufrimiento del sistema permitió que persistiera la percepción de abandono, simulación y crisis?”
Porque gobernar desde la experiencia médica debía representar:
- empatía institucional,
- fortalecimiento hospitalario,
- dignificación del personal,
- prevención,
- salud pública real,
- y defensa del derecho humano a la salud.
Si esa expectativa no se cumple, el desencanto social es todavía mayor. Porque cuando la esperanza nace del conocimiento técnico y humano, la decepción también pesa más.
Y en salud pública, la ciudadanía no juzga discursos. Juzga resultados:
- si hay medicamentos,
- si hay atención digna,
- si los hospitales funcionan,
- y si el gobierno estuvo realmente del lado del paciente.
Porque “El silencio institucional también mata.” Y “La simulación gubernamental se vuelve criminal”.
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