¡TIRANÍA SOBRE LA FE PÚBLICA! EL GOBERNADOR SECUESTRA LA NOTARÍA 2 DE BUCERÍAS E IMPONE UN RÉGIMEN DE TERROR LEGAL EN LA RIVIERA NAYARIT.
Redacción 
Por Carlos Hartig.
Lo que el discurso oficial del Gobierno del Estado intenta vender cínicamente como una «cruzada moral» contra los privilegios y el nepotismo, se ha revelado en los hechos como una brutal embestida autocrática y una purga política selectiva contra el gremio de los fedatarios. Tras el lamentable fallecimiento del respetado jurista Teodoro Ramírez Valenzuela, el Poder Ejecutivo estatal rompió de tajo con la legalidad institucional al negarle arbitrariamente la expedición de la patente de Notario Titular al Lic. Marco Antonio Ramírez Camarero. El afectado se desempeñaba de manera legítima, pulcra e ininterrumpida como Notario Público Suplente adscrito a la influyente Notaría Número 2 con sede en Bucerías, Bahía de Banderas, y hoy se convierte en el rostro de la resistencia frente al acoso y la asfixia gubernamental.
Esta maniobra del Ejecutivo no es un hecho aislado, sino un modus operandi dictatorial para asfixiar a los despachos jurídicos consolidados y apropiarse del control absoluto de la fe pública en las zonas de mayor riqueza inmobiliaria del estado. Al bloquear a la mala la sucesión de Ramírez Camarero, el Gobernador violenta de forma flagrante los principios de retroactividad y certidumbre legal, desconociendo los derechos que el profesional ya había consolidado como notario asociado y suplente. Abogados locales afirman con indignación que la administración estatal utiliza la bandera de la «transparencia» como un simple pretexto para desmantelar notarías incómodas, paralizando trámites corporativos y ahuyentando las inversiones en la Riviera Nayarita bajo un intolerable clima de terrorismo administrativo.
Ante la cerrazón y el descarado abuso de poder ejercido desde el palacio de gobierno en Tepic, Ramírez Camarero se vio obligado a acudir a las máximas instancias judiciales del país para frenar el atropello. Fue el Juzgado Primero de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo en el Estado de Nayarit el que admitió formalmente a trámite el juicio de amparo indirecto bajo el expediente 737/2026. Con un acuerdo clave publicado el pasado 19 de mayo de 2026, el juez federal puso un freno temporal a la soberbia del Ejecutivo y lo emplazó formalmente en su carácter de autoridad responsable, exigiéndole que rinda sus informes justificados y fundamente jurídicamente un acto que a todas luces carece de sustento constitucional.
El análisis documental de este conflicto revela que el atropello forma parte de una estrategia sistemática de persecución por parte del Gobernador, quien ha modificado las leyes notariales estatales para anular de un plumazo los derechos adquiridos de decenas de suplentes en la entidad. El caso de la Notaría 2 de Bucerías guarda un alarmante y calca-do paralelismo con el de la Notaría 14 de Tepic, donde el Ejecutivo implementó el mismo bloqueo tras la muerte del titular José Luis López Ramírez, desatando una batalla legal en la que la justicia federal ya le otorgó el amparo a la suplente afectada, obligando al Estado a impugnar a regañadientes ante un Tribunal Colegiado, lo que demuestra que los tribunales ya han catalogado el actuar del Gobernador como inconstitucional.
Fuentes internas del sector jurídico aseguran que detrás de la desgastada retórica gubernamental de «acabar con las dinastías» se esconde un burdo botín político de miles de millones de pesos. La Notaría 2 de Bucerías es una de las más codiciadas de la región costera, al concentrar las operaciones de fideicomisos extranjeros, transacciones de terrenos ejidales de alta plusvalía y macroproyectos turísticos en el Pacífico. El verdadero interés del Gobernador por estrangular este despacho no es de índole democrática, sino un intento desesperado por liberar vacantes en Bahía de Banderas para, posteriormente, repartir esas patentes a personajes incondicionales y operadores políticos afines a su camarilla de cara al cierre de su administración.
Mientras los plazos procesales corren en los tribunales, la comunidad empresarial y los desarrolladores inmobiliarios de la costa nayarita observan el conflicto con profunda zozobra, denunciando que la obsesión persecutoria del Gobernador mantiene en el limbo legal cientos de escrituraciones y contratos multimillonarios. La soberbia del mandatario ha convertido una sucesión notarial perfectamente legítima en una crisis institucional que ya trasciende las fronteras del estado. El desenlace de este juicio marcará la pauta para la supervivencia del Estado de derecho en Nayarit frente a las tentaciones dictatoriales del Ejecutivo local; la opinión pública local y nacional aguarda con máxima expectativa la audiencia constitucional, donde el Poder Judicial de la Federación definirá si en Nayarit impera la ley o el sometimiento al absolutismo estatal.
