Por Carlos Avendaño.
Vaya funesto día del maestro para el profe: Rocha. En política existen momentos en donde el escándalo deja de ser ruido y empieza a convertirse en cerco. Y para el ex gobernador Rubén Rocha Moya, este Día del Maestro parece haber llegado con lecciones que ningún político quisiera aprender. Primero, la detención de Gerardo Mérida Sánchez, General en retiro y ex secretario de Seguridad de Sinaloa, identificado durante años como un hombre cercano al círculo Rochista. El impacto no es únicamente judicial, sino el posible alcance de testimonios o de eventuales colaboraciones con las autoridades estadounidenses. Después, trascendió la entrega en los Estados Unidos de Enrique Díaz Vega, señalado por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos. Dos golpes consecutivos que no sólo desgastan una carrera política: podrían anticipar aislamiento institucional. Porque cuando antiguos aliados empiezan a ponerse en riesgo, el poder deja de proteger y comienza a tomar distancia. La política mexicana tiene una regla no escrita: el poder perdona casi todo, excepto el convertirse en carga. La pregunta obligada e incómoda resulta ser entonces, hasta dónde llega la lealtad dentro de MORENA si aumentan las presiones internacionales y figuras cercanas empiezan a romper filas. La historia política reciente demuestra algo contundente: ningún proyecto político pone en riesgo su supervivencia por una sola figura cuando el costo amenaza con expandirse. Existen además elementos que vuelven particularmente delicado este momento: el golpeteo parece seguir un patrón. Ya no proviene únicamente de los adversarios políticos tradicionales, sino de ex colaboradores, de instituciones o dinámicas que antes parecían formar parte del mismo ecosistema de poder. Y esto cambia todo el tablero. Porque una acusación externa puede enfrentarse con narrativa política, pero el desgaste interno suele ser mucho más difícil de contener. También conviene distinguir entre presión política, señalamientos públicos y responsabilidades comprobadas. Las acusaciones o análisis periodísticos no sustituyen procesos judiciales ni pruebas concluyentes. Esta diferencia importa, especialmente cuando los escenarios comienzan a tornarse explosivos. Mientras tanto, Sinaloa permanece atrapado entre silencios, licencias políticas, investigaciones y una creciente sensación de incertidumbre. Y en política, cuando empiezan a acumularse demasiados silencios alrededor de un nombre, la pregunta deja de ser qué ocurrió, para convertirse en quién sigue dispuesto a respaldarlo. Porque el punto central ya no parece exclusivamente jurídico, sino que empieza a ser profundamente político. Y cuando el reloj político entra en cuenta regresiva, pocas veces avisa cuánto tiempo es el que queda…
Enrique Inzunza rompe el silencio: entre defensa personal y presión política. Después de días de especulaciones, rumores y señalamientos, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez decidió hablar. Eligió hacerlo con una defensa frontal, sin matices y apelando directamente a su trayectoria personal. “Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor”, escribió. Rechazó las imputaciones difundidas en algunos medios nacionales, las calificó como “mendaces” y sostuvo que carecen de sustento. Negó cualquier contacto con autoridades extranjeras o haber pactado entrega alguna. También lanzó una frase que llamó la atención en medio de la tormenta política: “No tengo ni contrataré abogados, no hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”. El mensaje parece buscar algo más que desmentir versiones. Intenta proyectar serenidad, control y confianza en su propia defensa. Pero en política, cuando aparecen acusaciones graves o especulaciones de alto impacto, las declaraciones públicas suelen enfrentar una prueba inevitable: el tiempo. Porque las palabras funcionan como posicionamiento político. Los hechos, investigaciones o resoluciones institucionales terminan definiendo otra cosa. Inzunza Cázarez asegura estar en Sinaloa, acompañado de su gente y dispuesto a atender personalmente cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas conforme a derecho. Es una respuesta que intenta desmontar la narrativa de ausencia o de evasión que empezó a circular. Y aquí aparece una diferencia importante que conviene preservar: señalamientos públicos, rumores o filtraciones no equivale automáticamente a culpabilidad. Del mismo modo, una declaración de inocencia tampoco sustituye procesos de investigación cuando éstos existen. Ambas cosas pueden coexistir mientras llegan elementos verificables. Lo relevante políticamente es que el senador entendió algo: el silencio prolongado estaba empezando a convertirse en costo. Porque en momentos de crisis, la ausencia suele alimentar sospechas. Y una defensa pública, aunque no cierre cuestionamientos, cambia el terreno del debate. Ahora el escenario se mueve a otra fase. La discusión deja de ser dónde está Enrique Inzunza y pasa a ser si las instituciones mexicanas formularán o no requerimientos, investigaciones o aclaraciones adicionales. Mientras tanto, el mensaje del senador queda fijado como postura oficial: niega categóricamente las acusaciones, rechaza contactos con autoridades extranjeras, sostiene su inocencia y apuesta todo a una idea central: que su trayectoria terminará pesando más que los señalamientos. Y en política, pocas monedas tienen tanto valor o tanto riesgo como poner el prestigio personal completo sobre la mesa…
Cuando Yeraldine Bonilla Valverde declaró que “hay gobernabilidad en Sinaloa” y que continuará “con el legado del gobernador Rocha Moya”, inevitablemente dejó flotando una pregunta incómoda, brutal, pero necesaria: ¿Cuál legado? ¿El de los ríos de sangre que tiñen a casi todo el estado de Sinaloa en los últimos años? ¿El de la crisis de violencia que convirtió a Sinaloa en noticia nacional e internacional por razones equivocadas? ¿El de los señalamientos de corrupción, sospechas de complicidad y deterioro institucional que hoy tienen al Rochismo políticamente contra las cuerdas? Porque hablar de “legado” implica orgullo por lo heredado. Y ahí es donde el discurso oficial choca violentamente con la percepción de miles de sinaloenses que no ven estabilidad, sino miedo; no ven gobernabilidad, sino tensión permanente; no ven transformación, sino desgaste brutal del estado. La ironía es por demás devastadora: Yeraldine Bonilla hará historia como la primera mujer en gobernar Sinaloa, aunque sea de manera interina y temporal. Un hecho que debió representar avance político y símbolo institucional, terminó atrapado en medio de la peor tormenta política que ha vivido el estado en décadas. Y lejos de marcar distancia o construir un deslinde político inteligente, decidió abrazar públicamente el “legado” de Rubén Rocha Moya justo cuando este apellido atraviesa uno de sus momentos más oscuros y cuestionados. Esto tiene costo, muchísimo costo. Porque en política, las lealtades absolutas suelen ser hermosas, hasta que el barco empieza a hundirse. Y mientras buena parte de la ciudadanía exige respuestas, claridad y una ruptura con el pasado reciente, el mensaje que manda el gobierno interino parece ser exactamente todo lo contrario: continuidad, defensa y blindaje político. Ahí está el verdadero problema mi estimado lector. Porque cuando un gobierno insiste en negar el tamaño de la crisis, termina convirtiéndose no en solución, sino en una extensión del problema. Y así, Yeraldine Bonilla corre el riesgo de pasar a la historia no solo por ocupar temporalmente el despacho principal de Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa, sino por haber decidido sostener políticamente un régimen cuya imagen pública se desmorona a una velocidad brutal. Porque en Sinaloa, el juicio político de la historia ya comenzó. Y este tribunal no suele absolver a quienes confundieron lealtad con complicidad…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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