Redacción 
Por Ricardo Reyes.
La violencia verbal y la intimidación continúan siendo una constante en México. Durante el primer trimestre de 2026 —enero, febrero y marzo— el delito de amenazas mantiene cifras elevadas, reflejando un problema persistente que, lejos de disminuir, continúa afectando a miles de ciudadanos en el país.
De acuerdo con registros del sistema de incidencia delictiva, las amenazas en México acumulan más de 173 mil denuncias en lo que va del actual sexenio, evidenciando un patrón de conflicto social, violencia intrafamiliar, extorsión psicológica y confrontaciones que terminan por escalar hacia denuncias formales ante las autoridades.
Tan solo en los primeros tres meses de 2026, este delito ha mantenido un ritmo constante de reportes, consolidándose como uno de los ilícitos más frecuentes pero menos visibilizados dentro de las estadísticas criminales nacionales.
Especialistas en seguridad advierten que el delito de amenazas suele representar una señal de alerta previa a delitos de mayor gravedad, como lesiones, privación ilegal de la libertad, violencia familiar e incluso homicidios. En muchos casos, las amenazas se convierten en mecanismos de control, intimidación o coerción, particularmente en contextos de violencia de género, disputas familiares, conflictos vecinales y actividades del crimen organizado.
Aunque este ilícito frecuentemente no recibe la misma atención mediática que otros delitos de alto impacto, expertos sostienen que su incidencia refleja un deterioro del tejido social y de la convivencia pacífica, además de la creciente normalización de la violencia verbal y psicológica.
Las entidades con mayor densidad poblacional suelen concentrar una proporción importante de las denuncias; sin embargo, autoridades reconocen que existe un considerable nivel de subregistro, ya que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias o por desconfianza en las instituciones de procuración de justicia.
El acumulado de más de 173 mil casos de amenazas durante el actual sexenio plantea un desafío para las instituciones de seguridad y justicia, particularmente en el fortalecimiento de mecanismos preventivos, protección a víctimas y atención temprana de conflictos antes de que deriven en hechos violentos de mayor magnitud.
La permanencia de estas cifras confirma que las amenazas siguen siendo una problemática silenciosa en México, una que muchas veces ocurre detrás de puertas cerradas o en el entorno cotidiano, pero cuyos efectos pueden desencadenar consecuencias fatales si no se atienden a tiempo.
