Por Carlos Hartig.
En un acto de resistencia civil que ha encendido las alarmas en el Pacífico mexicano, el activista Isaac Cárdenas Chakín utilizó sus redes sociales como trinchera para lanzar un llamado desesperado y urgente a la Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. A través de un contundente video, Cárdenas denunció que en Nayarit se vive una violación «sistemática» de los derechos humanos, ambientales y laborales, exigiendo que la mandataria se haga presente en el estado para frenar el atropello de las autoridades locales.
La denuncia de Cárdenas surge en un contexto de extrema vulnerabilidad para quienes defienden el territorio. El activista hizo especial énfasis en la situación de Pepe Ávila, defensor de Punta de Mita, quien recientemente publicó un testimonio desgarrador donde teme por su vida y su libertad. Ávila ha señalado directamente al Gobierno del Estado de Nayarit, al Ayuntamiento de Bahía de Banderas y a consorcios inmobiliarios como Grupo Dine y Cantiles de Mita. Esta red de señalamientos apunta a una oscura colusión entre el poder político y el capital privado para silenciar a quienes se oponen a la privatización de las playas.
Es inadmisible que, en pleno 2026, la respuesta del Estado ante la defensa del patrimonio natural sea el hostigamiento. La labor de Pepe Ávila por mantener el acceso público a las costas es una causa que beneficia a toda la comunidad, pero que hoy lo tiene bajo el asedio de un sistema que parece proteger más los intereses de los desarrolladores turísticos que la integridad de sus ciudadanos. La inacción del gobierno estatal no solo es omisión; es una señal de complicidad que deja a los activistas en un estado de indefensión total.
Isaac Cárdenas, con una postura firme, reafirmó a través de sus plataformas digitales que la lucha no se detendrá: «Pepe, no estás solo», sentenció, subrayando que cuentan con el respaldo del pueblo. Sin embargo, la solidaridad social no puede ser la única línea de defensa. El llamado a la Dra. Sheinbaum es una medida de «emergencia» ante el evidente colapso de las instituciones en Nayarit, donde el estado de derecho parece haberse doblado ante las presiones de grupos económicos de alto perfil.
La situación en Bahía de Banderas es un recordatorio brutal de los riesgos que enfrentan los defensores ambientales en México. Si el Gobierno Federal no interviene de manera inmediata, el mensaje será devastador: que en Nayarit, la justicia está subordinada al mejor postor y que la vida de un activista vale menos que un proyecto inmobiliario de lujo. La seguridad de Ávila y Cárdenas es ahora una responsabilidad directa que la administración federal no puede ignorar.
Finalmente, esta crisis pone a prueba la promesa de justicia social de la actual administración. No basta con etiquetas en redes sociales; se requiere una acción contundente que desarticule los cacicazgos locales que operan por encima de la ley. El tiempo se agota para los activistas en Nayarit, y el silencio de las autoridades superiores solo servirá para alimentar la impunidad en una de las zonas más conflictivas del país.

