Redacción 
Por Ricardo Reyes.
El delito de abigeato, conocido como el robo de ganado, continúa afectando gravemente a productores pecuarios en distintas regiones de México, generando pérdidas millonarias y aumentando la preocupación entre ganaderos que denuncian una creciente operación de bandas delictivas en zonas rurales.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), varios estados del país concentran el mayor número de carpetas de investigación relacionadas con el robo de ganado, un delito que no solo impacta la economía del sector agropecuario, sino que también fortalece redes de delincuencia organizada dedicadas al tráfico y comercialización ilegal de animales.
Entre las entidades con mayores índices de abigeato destacan San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Estado de México y Nuevo León, donde las denuncias por robo de ganado han mantenido una tendencia constante durante los últimos años.
En el caso de San Luis Potosí, autoridades locales reconocieron que la entidad se ha mantenido durante varios años entre los primeros lugares nacionales en este delito, especialmente en municipios de la Huasteca potosina como Tamuín, donde las bandas dedicadas al robo de reses operan aprovechando zonas alejadas y con poca vigilancia.
Guanajuato también aparece entre las entidades más afectadas. Durante el primer trimestre de 2025, el estado registró 35 carpetas de investigación por abigeato, ubicándose en el quinto lugar nacional, según datos oficiales.
Productores ganaderos han denunciado que los delincuentes actúan con rapidez durante la madrugada, movilizando animales robados hacia rastros clandestinos o redes de comercialización ilegal. En muchos casos, los afectados aseguran que el problema se agrava por la falta de vigilancia en comunidades rurales y la escasa presencia policial.
Especialistas en seguridad advierten que el abigeato ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en una actividad vinculada a grupos criminales que también participan en extorsión, cobro de piso y tráfico de mercancías ilegales. En algunas regiones del país, incluso se reporta el uso de documentos falsificados para movilizar ganado robado entre estados.
Aunque el SESNSP mantiene actualizaciones mensuales sobre incidencia delictiva, ganaderos sostienen que existe una cifra negra considerable debido a que muchos casos no son denunciados por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades.
Organizaciones del sector agropecuario han exigido al Gobierno Federal y a las autoridades estatales reforzar operativos en carreteras, inspecciones sanitarias y controles de movilización de ganado, además de incrementar la coordinación entre fiscalías y cuerpos de seguridad para combatir el robo en zonas rurales.
Mientras tanto, miles de productores continúan enfrentando pérdidas económicas que afectan directamente la producción ganadera y la estabilidad de comunidades enteras que dependen del campo mexicano.
