Ultimátum de Washington: la asistencia de seguridad para México queda sujeta a resultados contra el crimen.

Washington, D.C. (RRC): En la recién presentada Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido su postura frente al narcotráfico transnacional y coloca a México en el centro de sus exigencias bilaterales. La colaboración en materia de seguridad y asistencia ya no se entiende como un apoyo incondicional, sino que dependerá de “resultados tangibles” en la desarticulación de las principales organizaciones criminales, particularmente la captura o neutralización de sus líderes.

La estrategia, dada a conocer este lunes por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) bajo la dirección de Sara Carter, describe un “orden de batalla” que prioriza el ataque frontal a los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Entre las medidas destacan: el uso de sanciones financieras agresivas, la interrupción de sus redes logísticas y de suministro de precursores químicos, y el impulso a operaciones conjuntas para desmantelar sus estructuras de mando.

“La era de la contención ha fracasado”, señala el documento. Washington enfatiza que mantendrá y condicionará su apoyo a países socios según su capacidad y voluntad para combatir a estos grupos en su territorio. Aunque no menciona explícitamente un “corte” inmediato de ayuda, funcionarios estadounidenses han transmitido en múltiples canales que la profundización de la inteligencia compartida, el equipamiento y los programas de capacitación estarán vinculados a avances concretos, como la captura de capos de alto perfil.

La directriz estadounidense insiste en “cazar a los cárteles en sus santuarios”, desmantelar laboratorios clandestinos y, especialmente, golpear sus finanzas y logística. Esto incluye maximizar procesamientos por “apoyo material al terrorismo” gracias a las designaciones FTO, congelamiento de activos y recompensas por información que lleve a la justicia a los cabecillas.

Este enfoque llega en un contexto de alta tensión bilateral. En los últimos meses, México ha entregado a decenas de objetivos de alto valor y colaborado en operaciones que derivaron en la neutralización de figuras como Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Sin embargo, Washington exige mayor velocidad y profundidad, especialmente ante la persistencia del fentanilo y la influencia de facciones como los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Las recientes acusaciones estadounidenses contra funcionarios mexicanos, incluido el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ilustran la disposición de EE.UU. a elevar la presión.

Fuentes diplomáticas mexicanas consultadas indican que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la disposición a la cooperación “en igualdad de condiciones y respeto a la soberanía”, pero rechaza cualquier esquema de subordinación. “La colaboración sí, la subordinación no”, ha sido el tono reiterado en círculos oficiales.

Expertos en seguridad advierten que este condicionamiento podría generar fricciones, pero también representa una oportunidad para acelerar la desarticulación de redes criminales que han desbordado la capacidad de respuesta del Estado mexicano. La Estrategia Nacional de Seguridad mexicana ha reportado reducciones en homicidios y decomisos significativos, pero Washington exige resultados más visibles contra la cúpula delictiva y sus protectores.

La National Drug Control Strategy 2026 marca un giro hacia una política de “victoria” en lugar de “gestión” del problema. Para México, el mensaje es claro: la profundidad de la relación de seguridad con su principal socio comercial y vecino dependerá, en buena medida, de los golpes asestados al crimen organizado en los próximos meses.

El reloj, según fuentes en Washington, ya está en marcha.