“El Mayo” Zambada rompe el silencio y desata el colapso político en Sinaloa: acusaciones de EE.UU. contra Rubén Rocha Moya escalan la tensión bilateral.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
El nombre de Ismael “El Mayo” Zambada vuelve a sacudir los cimientos de la política mexicana. Lo que comenzó como una solicitud de repatriación desde una prisión estadounidense en 2025 ha derivado en una crisis de alcance internacional que pone en jaque al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros altos funcionarios del estado.
Todo se remonta a febrero de 2025, cuando Zambada, detenido en Estados Unidos desde julio de 2024, envió una petición formal al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum exigiendo su repatriación. En el documento, el histórico líder del Cártel de Sinaloa advirtió de “consecuencias de gran alcance” si México no intervenía. Ante la falta de una respuesta favorable que satisficiera sus demandas, fuentes cercanas al caso señalan que Zambada optó por colaborar con las autoridades estadounidenses, proporcionando información que ha alimentado investigaciones sensibles.
El detonante público ocurrió el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios sinaloenses. Se les imputa conspiración para el tráfico de drogas (incluyendo fentanilo), protección de operaciones del Cártel de Sinaloa —específicamente de la facción de “Los Chapitos”— y presuntos intercambios de información y favores a cambio de beneficios políticos y económicos. Entre los señalados destacan el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Según versiones recogidas por diversas fuentes periodísticas, las declaraciones y la carta previa de “El Mayo” Zambada —en la que mencionó una reunión prevista con Rocha Moya el día de su controvertida detención— habrían sido clave para sustentar parte de la investigación estadounidense. Zambada relató que Joaquín Guzmán López (“El Güero”) lo citó supuestamente para mediar en un conflicto político local que involucraba al gobernador y al fallecido Héctor Melesio Cuén, y que terminó en lo que él describe como un secuestro.
El gobernador Rubén Rocha Moya ha rechazado tajantemente las acusaciones, calificándolas como un ataque político y asegurando que “no va a pasar nada”. Tanto Inzunza Cázarez como Gámez Mendívil han negado cualquier vínculo con el narcotráfico, afirmando que se trata de imputaciones “falsas y dolosas” sin fundamento probatorio entregado a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha exigido a Washington elementos de prueba concretos antes de considerar cualquier extradición, mientras que Morena ha defendido a sus cuadros como parte de una embestida contra la Cuarta Transformación.
Por su parte, la oposición —incluido Movimiento Ciudadano— ha presentado solicitudes de desafuero contra los funcionarios señalados para que enfrenten posibles procesos sin fuero constitucional.
El escándalo ocurre en un momento delicado de la relación bilateral en materia de seguridad. Washington ha solicitado la detención provisional con fines de extradición de los implicados, lo que ha generado fricciones diplomáticas. Analistas señalan que este caso representa uno de los señalamientos de mayor nivel contra un gobernador en funciones en la historia reciente, y podría complicar la cooperación en la lucha contra el fentanilo y el crimen organizado transnacional.
Lo que inició como una disputa legal por la repatriación de un capo del narcotráfico se ha convertido en una bomba política que expone las profundas tensiones entre el poder formal y las redes de influencia en Sinaloa. Mientras el gobierno federal llama a la prudencia y exige pruebas, el caso “El Mayo” Zambada sigue escribiendo uno de los capítulos más turbulentos de la relación México-Estados Unidos en el sexenio de Sheinbaum.
Fuentes anónimas con conocimiento de la política sinaloense insisten en que las revelaciones del histórico narcotraficante fueron el hilo conductor que permitió a las autoridades estadounidenses construir su caso. Hasta el momento, no se han realizado detenciones en México, pero el daño político ya es evidente.
El silencio que “El Mayo” guardó durante décadas parece haber terminado de la forma más explosiva posible.
