Redacción 
Bajo el disfraz de una supuesta «conciencia social», el Gobierno de Nayarit detuvo temporalmente las obras en playa Las Cocinas tras la presión popular y el escándalo por el arresto de activistas. Esta pausa parece más una estrategia política para contener la indignación que una verdadera voluntad de frenar la destrucción de la zona federal por parte del capital inmobiliario. Mientras la maquinaria se detiene a la orilla, el proyecto de lujo sigue avanzando, dejando en evidencia la fragilidad de la autoridad frente a los intereses de las élites.
Por Carlos Hartig.
El reciente anuncio del gobernador Miguel Ángel Navarro sobre la pausa en las obras no es, ni de cerca, el triunfo de la legalidad que su administración pretende vender. Al ordenar el retiro de la Policía Estatal —la misma que horas antes operaba como guardia privada de la empresa Cantiles de Mita—, el Ejecutivo estatal sólo intenta apagar un incendio que él mismo ayudó a propagar. La liberación de los activistas detenidos arbitrariamente evidencia que la fuerza del Estado se usó primero para amedrentar y, tras el rechazo social, se retira bajo un discurso de «entendimiento» que suena más a control de daños que a justicia auténtica.
Es profundamente alarmante que el Gobierno celebre una «mesa de diálogo» cuando la maquinaria pesada ya ha mutilado parte de la zona federal marítimo-terrestre. Mientras el mandatario habla de «equilibrio», el proyecto de 10 mil millones de pesos de Grupo Dine sigue en pie apenas a unos metros de la orilla. La autoridad parece ignorar que en materia ambiental y de derecho constitucional el cumplimiento de la ley no se negocia; se impone. Permitir que la obra continúe en las inmediaciones del desove de tortugas es una omisión que raya en la complicidad con el desarrollo depredador.
El discurso oficial que garantiza el libre acceso a las playas resulta cínico frente a la realidad de Punta Mita. Por décadas, el desarrollo de gran turismo ha cercado a los pobladores originarios, convirtiéndolos en extraños en su propia tierra. Que la autoridad hoy presente el acceso a un pozo de agua o la promesa de un andador como grandes concesiones, solo subraya la precariedad histórica a la que han sometido a la comunidad. No se trata de «satisfacción social», sino de la restitución de derechos que nunca debieron ser vulnerados por el interés de unas cuantas villas de lujo.
La detención de Antonio Benavidez, Fabio Yanez y Sandra Cano marca un precedente peligroso en Nayarit: el uso de las instituciones de seguridad para proteger inversiones privadas sobre la integridad de la ciudadanía. Aunque el gobernador intente desmarcarse del conflicto alegando un espíritu conciliador, la realidad es que el uso de la fuerza pública para resguardar una obra señalada por destruir el ecosistema costero dejó una herida que no se cierra con comunicados. La confianza ciudadana no se restaura liberando a quienes nunca debieron estar presos por defender su territorio.
Asimismo, la insistencia de los residentes en asegurar los 20 metros de la zona federal no es un capricho, sino una exigencia de soberanía territorial que la autoridad estatal ha postergado sistemáticamente. La propuesta de un andador público es, en realidad, una prueba de fuego para la administración: o se garantiza la franja de arena para el disfrute común, o se confirma que Bahía de Banderas sigue siendo un enclave donde el dinero manda. El respeto a la ley debe ser total, no limitado a lo que la empresa esté dispuesta a ceder.
Finalmente, el conflicto en Las Cocinas pone al desnudo la contradicción de una administración que se dice aliada del pueblo pero permite que el concreto devore el patrimonio natural. Si el Gobierno realmente busca un «precedente positivo», debe pasar de la pausa táctica a la vigilancia estricta y la sanción por los daños ya causados. De lo contrario, este episodio quedará registrado como otra simulación política donde se sacrificó el medio ambiente y la dignidad social en el altar del desarrollo inmobiliario de élite.
