Por Ricardo Reyes.
La trata de personas en México representa una de las formas más graves de violación a los derechos humanos, conocida como la «esclavitud del siglo XXI». Este delito implica el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante engaño, coerción, fuerza o vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad forzada, adopción ilegal u otras formas. México funciona como país de origen, tránsito y destino, afectado por factores como la pobreza, la desigualdad, la migración irregular y la presencia de crimen organizado.
Las víctimas son mayoritariamente mujeres y niñas (alrededor del 80-85% en muchos periodos analizados), aunque también hay hombres y niños afectados, especialmente en explotación laboral. Grupos en mayor riesgo incluyen migrantes, indígenas, niños y adolescentes en situación de calle o con carencias afectivas/económicas. La explotación sexual es la modalidad más visible y reportada, seguida de la laboral. El crimen organizado ha incrementado su involucramiento, vinculando la trata con otras actividades ilícitas como el tráfico de migrantes.
Organismos internacionales como la UNODC y el Departamento de Estado de EE.UU. destacan que, pese a esfuerzos legislativos (como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas), persisten desafíos en detección, identificación de víctimas y procuración de justicia. Muchos casos quedan en la «cifra negra» por miedo, estigma o falta de confianza en las autoridades.
Las estadísticas oficiales provienen principalmente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que registra víctimas en incidencia delictiva del fuero común, así como reportes de víctimas identificadas por autoridades federales y estatales. Las cifras varían según la fuente (denuncias, víctimas detectadas o carpetas de investigación), ya que no todos los casos se denuncian ni se tipifican como trata.
Datos anuales aproximados de víctimas o casos reportados:
- 2018: Alrededor de 575 víctimas registradas a nivel nacional.
- 2019: Aumento a 668 víctimas (incremento del 16%).
- 2020: 578 víctimas de enero a octubre (afectado por la pandemia, con subregistro posible).
- 2021: Fuerte repunte; UNODC reportó 2,202 víctimas (aumento del 67.3% respecto a 2020, con 1,316). Casos de explotación sexual subieron 32.8%, trabajo forzado 175.3%.
- 2022: Tendencia variable; alrededor de 940 víctimas en algunos reportes, con 433 niñas, niños y adolescentes (NNA).
- 2023: 467 víctimas identificadas por el gobierno (213 sexuales, 154 laborales, 100 no especificadas). SESNSP reportó 382 casos al cierre del año. Para NNA (0-17 años): acumulado significativo desde 2015.
- 2024: Aumento notable; 860 víctimas identificadas (343 sexuales, 75 laborales, 442 no especificadas). 661 nuevas investigaciones abiertas. Para NNA: 380 víctimas de enero a diciembre (disminución leve vs. 2024 en algunos cortes).
- 2025: Incremento del 45% en víctimas según SESNSP, pasando de 794 en 2024 a 1,150 (promedio mensual aproximado de 96 víctimas). Quintana Roo concentró cerca del 50% de los casos, seguido de Estado de México (11%) y Ciudad de México (7%). Para NNA (2015-diciembre 2025): 3,092 víctimas acumuladas (2,306 mujeres, 786 hombres); promedio mensual bajó de 28.5 (2018-2024) a 25.3 en periodos recientes. De octubre 2024 a diciembre 2025: 379 casos en la administración actual.
Tendencias en menores (NNA, 0-17 años, según SESNSP, 2015-2025):
- Acumulado hasta diciembre 2025: 3,092 víctimas.
- Disminuciones leves en algunos cortes de 2025 (ej. 20.8% menos en todo el año vs. 2024 en ciertos reportes), pero con repuntes en estados turísticos o fronterizos.
- Promedio mensual histórico reciente: alrededor de 25-28 víctimas NNA.
- Estados con más casos frecuentes: Quintana Roo, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México.
En el primer semestre de 2024, se reportaron 185 víctimas (81.1% mujeres en NNA). Las cifras de víctimas identificadas por el gobierno federal suelen ser menores que las de incidencia delictiva, debido a subregistro y falta de datos completos de algunos estados.
El gobierno ha aumentado identificaciones (de 467 en 2023 a 860 en 2024) y presupuestos para atención (1,465 millones de pesos en 2024). Se han implementado protocolos para detección en migrantes y reformas legales para refugios y reparaciones. Sin embargo, informes como el Trafficking in Persons Report 2025 clasifican a México en Nivel 2: esfuerzos significativos, pero insuficientes en protección integral y persecución (bajas condenas en proporción). La sociedad civil reporta cientos de víctimas atendidas sin apoyo estatal pleno.
Expertos advierten que la trata se ha «normalizado» en algunos contextos y se vincula con desapariciones, violencia de género y migración. Se estima que las cifras reales son mucho mayores (hasta 10 veces, según algunas proyecciones históricas).
La trata de personas en México muestra fluctuaciones, con repuntes en periodos de inestabilidad económica o migratoria y una persistente desproporción contra mujeres y menores. Aunque hay avances en registro y atención, la subdenuncia y la impunidad siguen siendo obstáculos centrales. Combatirla requiere mayor coordinación interinstitucional, campañas de prevención, fortalecimiento de refugios y atención integral a víctimas, además de abordar causas estructurales como la pobreza y la desigualdad. Organizaciones como la CNDH, UNODC y líneas de denuncia (ej. 800 5533 000) invitan a reportar cualquier sospecha para romper el silencio que alimenta este delito.
Fuentes: Datos de SESNSP, UNODC, CNDH, Departamento de Estado de EE.UU. y reportes de sociedad civil. Las cifras exactas mensuales completas no siempre se publican de forma desglosada, por lo que se usan agregados anuales y promedios. Para datos actualizados al corte más reciente, consultar el portal del SESNSP.

