Redacción 
Por Javier Zapata
En un país donde la ausencia se ha vuelto estadística y el dolor rutina, cada reunión entre autoridades y víctimas no debería ser noticia… pero lo es. Y lo es porque, históricamente, el Estado ha llegado tarde, mal o nunca. Por eso, cuando las familias toman la palabra, no se trata de protocolo, se trata de dignidad organizada.
Hoy, integrantes de los colectivos Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros y de la Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos se sentaron frente a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada por Martha Lidia Pérez Gumercindo. No fue una reunión más. Fue un recordatorio directo de que la búsqueda no puede seguir siendo una simulación institucional, ni un ejercicio de escritorio.
Desde la voz de quienes buscan, no desde el confort de la oficina o desde lujosos vehículos, se delinearon acciones concretas, llevar a territorio, a estados como Nayarit y Tabasco, la realidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; transparentar sus fallas, actualizar sus vacíos y, sobre todo, devolverle rostro a los números.
Porque un registro desactualizado no es un error técnico, es una forma de desaparición institucional.
Se habló también de fortalecer la Alerta Nacional de Búsqueda, esa herramienta que debería activarse con la urgencia de quien entiende que cada minuto cuenta, pero que muchas veces se diluye entre trámites, omisiones y burocracia. Y se puso sobre la mesa lo que el Estado aún no termina de asumir con seriedad; la participación activa de las víctimas en las brigadas permanentes de búsqueda, no es concesión, es un derecho.
Aquí es donde la narrativa oficial se incomoda.
Porque mientras las autoridades hablan de coordinación, son las madres, hermanas y familias quienes siguen entrando a terrenos, escarbando la tierra, encontrando lo que el Estado no quiso, o no pudo encontrar. La reunión, entonces, no es un gesto de buena voluntad, es una exigencia contenida que empieza a tomar forma institucional.
Se reconoce la apertura de la Comisionada. Sí. Pero el reconocimiento no cancela la deuda histórica. La confianza no se decreta: se construye con resultados.
Y en este país, los resultados siguen siendo insuficientes.
La coordinación anunciada hoy será puesta a prueba en territorio. No en comunicados. No en mesas de trabajo. Sino en fosas localizadas, en identidades restituidas, en familias que finalmente puedan cerrar una herida abierta por años.
Porque buscar no es favor.
Buscar es un derecho.
Y encontrar aunque incomode, aunque exhiba, aunque duela, sigue siendo una obligación irrenunciable del Estado.
Correo: zapata.nayarit@gmail.com
