Redacción 
Por Javier Zapata
Cuando la palabra incomoda, el poder se irrita. Y cuando el poder se irrita, la libertad de expresión deja de ser un derecho para convertirse en una amenaza, pero no para el Estado, sino para quien la ejerce.
En México y en Nayarit no es la exención, así como muchas regiones de América Latina opinar ya no es solo un acto intelectual: Es un acto de riesgo. El periodismo crítico, la columna incómoda, la denuncia documentada, han pasado de ser instrumentos democráticos a potenciales detonadores de persecución, intimidación y, en los peores casos, muerte. No es exageración, es realidad sostenida en nombres, expedientes y silencios obligados.
Porque cuando se critica al poder, al político, al económico o al criminal, sin omitir a los de cuello blanco, no se confronta solo una idea, se desafía una estructura. Y esas estructuras, acostumbradas a la opacidad, no dialoga, reaccionan. La censura, ya no siempre llega en forma de prohibición explícita. Hoy es más sofisticada, campañas de desprestigio, presión institucional, uso faccioso de la ley, auditorías selectivas, amenazas veladas. Y cuando eso no basta, aparece la violencia directa.
El problema no es solo quién calla, sino quién deja de hablar. El verdadero daño no está únicamente en el periodista asesinado, sino en los diez que decidieron no publicar, en los cien que moderaron su pluma, en la sociedad que dejó de enterarse de la realidad. Ahí es donde la libertad de expresión comienza a morir; no en el estruendo del ataque, sino en el silencio que le sigue.
“En RRC Agencia Informativa, “Voz en Guardia” no puede, ni debe normalizar esto. No se trata de romantizar el riesgo, de normalizarlo, ni de convertir al periodista en mártir. Se trata de exigir condiciones reales para ejercer la crítica sin que ésta implique una sentencia. Porque una democracia que no tolera la crítica, no es democracia; Es simulación.
Y aquí hay una responsabilidad compartida. Del Estado, que debe garantizar la seguridad de quienes informan y opinan. De las instituciones de justicia, que no pueden seguir administrando impunidad. Y también de la sociedad, que muchas veces consume información crítica, pero guarda silencio cuando quien la produce es atacado.
Criticar al poder no debería ser un acto de valentía extraordinaria. Debería ser un ejercicio cotidiano, protegido, incluso incómodo pero necesario. Sin embargo, hoy en día, quien escribe con firmeza, investiga con rigor o señala con claridad, sabe que está entrando en territorio minado.
La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿cuántas voces más deben apagarse para que entendamos que el problema no es quien critica, sino quien no tolera ser criticado?
Porque cuando opinar se vuelve peligroso, el verdadero riesgo no lo corre el periodista, lo corre la democracia.
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