Redacción 
Por Ricardo Reyes.
A pesar de las promesas de transformación, el sistema de salud público mexicano sigue sumido en una profunda crisis estructural marcada por el subfinanciamiento crónico, el desabasto de medicamentos y la desigualdad en el acceso a servicios. Millones de familias enfrentan largas esperas, hospitales saturados y la necesidad de pagar de su bolsillo tratamientos que deberían ser gratuitos, mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia un ambicioso “Servicio Universal de Salud” que comenzaría a operar en 2027.
El financiamiento es uno de los talones de Aquiles. México destina apenas entre el 2.5% y el 3% del PIB a salud, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud y del promedio de la OCDE (9.3%). Para 2026, el gasto público alcanzará alrededor de 2.6% del PIB (996,528 millones de pesos), lo que representa un aumento nominal del 5.9% respecto a 2025, pero aún un recorte real del 4.7% frente a 2024. Especialistas advierten que esta “crisis estructural” genera insuficiencia de personal, infraestructura y medicamentos.
La OCDE 2025 confirma las brechas: el país tiene solo 2.7 médicos y 3 enfermeras por cada 1,000 habitantes (frente a 3.9 y 9.2 del promedio internacional), y apenas 1 cama hospitalaria por 1,000 personas (contra 4.2 en la OCDE). El gasto per cápita en salud es de 1,588 dólares, menos de la tercera parte del promedio de la OCDE.
El desabasto de medicamentos persiste como una de las caras más dolorosas de esta realidad. En 2025 se registró el peor año en la historia reciente, y en los primeros meses de 2026 ya se reportan casos en hospitales pediátricos como el de Coyoacán, donde padres de niños con enfermedades graves compran insumos por su cuenta. BIRMEX, la empresa encargada de las compras, admitió fallas logísticas y de planeación. Entre junio y diciembre de 2025, no se entregaron más de 287 millones de piezas de medicamentos e insumos.
La fragmentación del sistema agrava el problema. Aunque el IMSS-Bienestar buscó cubrir a la población sin seguridad social, reportes indican que más de 44.5 millones de mexicanos carecen de acceso efectivo a servicios de salud. El número de personas sin afiliación pública se duplicó entre 2018 y 2024, pasando de 22.2 a 47.7 millones.
En las comunidades rurales y urbanas marginadas, la situación es aún más crítica: 2.9 millones de personas en localidades de menos de 2,500 habitantes viven sin médicos cercanos.
Frente a esta realidad, el gobierno federal anunció esta semana un decreto presidencial para crear el Servicio Universal de Salud. A partir de enero de 2027, cualquier mexicano podrá atenderse en cualquier unidad del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, sin importar su derechohabiencia. La credencialización inició este mes con adultos mayores de 85 años y se extenderá gradualmente. La presidenta Sheinbaum destacó que el objetivo es “que cualquier persona pueda ir a cualquier institución de salud y ser recibida”.
Sin embargo, analistas y opositores cuestionan si el incremento presupuestal será suficiente para absorber la demanda y resolver los problemas de fondo. Mientras tanto, miles de mexicanos siguen recurriendo a farmacias privadas o endeudándose para salvar su salud.
La triste realidad es que, en 2026, enfermarse en México sigue siendo un lujo que muchos no pueden permitirse. La universalidad prometida representa una esperanza, pero la crisis actual exige acciones inmediatas más allá de los decretos: mayor inversión, eficiencia en compras y una verdadera rectoría del Estado para que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todos.
