Por Ricardo Reyes.
A pesar de que el delito de allanamiento de morada –la entrada no consentida a un domicilio particular– sigue representando una amenaza para la seguridad patrimonial de las familias mexicanas, las cifras históricas muestran una disminución sostenida en los últimos años. Con la nueva metodología implementada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2026, este delito se incorporó por primera vez al reporte mensual de incidencia delictiva del fuero común, junto con otros como tortura, suplantación de identidad y tentativas de diversos crímenes.
Sin embargo, al cierre de los primeros meses de 2026, las cifras específicas de allanamiento de morada para febrero y marzo aún no han sido desglosadas de forma detallada en los informes públicos del SESNSP. El reporte preliminar de enero-febrero 2026 (publicado el 20 de marzo) incluye el delito dentro de la categoría “Otros delitos contra bienes jurídicos afectados”, pero no ofrece un desglose numérico nacional o estatal explícito en los documentos accesibles. Lo mismo ocurre con marzo: al 1 de abril, el corte mensual completo no ha sido difundido con detalle por tipo de delito.
Antes de la ampliación metodológica de 2026, los datos disponibles provenían principalmente de análisis periodísticos y reportes anuales basados en carpetas de investigación de las fiscalías estatales. El panorama muestra una reducción consistente:
- 2023: 14,708 denuncias registradas a nivel nacional.
- 2024: 13,341 casos (disminución de aproximadamente 9 % respecto al año anterior).
- 2025: Tendencia descendente continuada. Solo en mayo se reportaron 1,117 denuncias, 11 % menos que el mismo mes del año previo. Hasta agosto de ese año se acumulaban alrededor de 7,708 casos en lo que iba del año.
Esta baja contrasta con el comportamiento de otros delitos patrimoniales y coincide con la reducción general de la incidencia delictiva de alto impacto reportada por el SESNSP. Entre enero y febrero de 2026, el total de presuntos delitos del fuero común alcanzó 305,385 casos a nivel nacional, en un contexto donde homicidios dolosos, extorsión y robos de vehículos mostraron caídas significativas en comparación con años anteriores.
Expertos atribuyen la disminución histórica del allanamiento de morada a factores como el mayor uso de sistemas de videovigilancia privada, mejoras en la iluminación urbana y campañas de prevención en colonias vulnerables. No obstante, el subregistro sigue siendo un problema: muchas víctimas no denuncian por temor o desconfianza en las autoridades, especialmente cuando el allanamiento no va acompañado de robo con violencia.
El allanamiento de morada está tipificado en los códigos penales estatales (artículo 391 del Código Penal Federal como referencia) y se castiga con prisión de seis meses a cuatro años, dependiendo de agravantes como el uso de violencia o si ocurre de noche. Se diferencia del “despojo” (apropiación ilegal de inmueble) y suele estar vinculado a robos a casa habitación, uno de los delitos que más afecta la percepción de seguridad en zonas urbanas y suburbanas.
En estados como Guerrero, por ejemplo, reportes locales de febrero 2026 mencionaron 23 casos de allanamiento de morada solo en una entidad, lo que ilustra que el fenómeno persiste pese a la tendencia nacional descendente.
Con la inclusión oficial en los reportes mensuales del SESNSP, las autoridades y la sociedad civil tendrán mayor visibilidad sobre la evolución del delito. Analistas esperan que los datos completos de marzo, una vez publicados, permitan comparar el primer trimestre de 2026 con años anteriores y evaluar si la baja histórica se mantiene.
Mientras tanto, las recomendaciones de las fiscalías locales se centran en reforzar medidas preventivas: instalar alarmas, evitar dejar señales de ausencia y denunciar de inmediato cualquier indicio de allanamiento. La tendencia a la baja es alentadora, pero la vigilancia continua es clave para que las familias mexicanas sigan sintiéndose seguras en sus hogares.
Fuentes: Reportes oficiales del SESNSP (enero-febrero 2026), análisis de medios especializados y datos históricos de incidencia delictiva recopilados hasta 2025. Las cifras son preliminares y sujetas a ajustes por parte de las fiscalías.

