Redacción 
Por Carlos Hartig.
La localización de restos humanos en el predio El Cabezal ha puesto al descubierto la profunda crisis de ineficiencia que asfixia al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Nayarit. Los colectivos Uniendo Corazones Bahía de Banderas, liderado por la señora María Salinas, junto a Guerreros Buscadores y Guerreros Unidos de Nayarit, representados por Consuelo Orozco, denunciaron que el personal pericial abandonó la escena dejando restos óseos visibles y sin procesar. Lo que para la autoridad fue una diligencia concluida bajo una parota, para las buscadoras fue el inicio de una penosa jornada para recuperar lo que el Estado pretendía dejar en el olvido, evidenciando una revictimización sistemática de los desaparecidos.
El incidente escaló cuando, tras un levantamiento oficial superficial, la señora María Salinas y sus compañeras realizaron una inspección de control, localizando un cráneo y diversos restos óseos a escasos metros de donde los peritos supuestamente habían terminado su labor. Ante la presión de la Comisión de Búsqueda, el personal de SEMEFO se vio obligado a regresar, aunque lo hicieron con una actitud de confrontación y hostilidad hacia las familias. «Regresan indignados porque se les cuestiona, pero no tuvieron la capacidad de cernir la tierra ni de buscar en la pendiente», señaló Salinas, destacando que fueron las propias madres quienes tuvieron que descender por terrenos resbalosos para asegurar que ningún fragmento de identidad quedara a la intemperie.
Esta negligencia operativa ocurre en un contexto estatal alarmante, respaldado por datos de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Investigadores y observatorios de la máxima casa de estudios han señalado que el estado enfrenta un rezago histórico en la identificación humana, donde la cifra de personas desaparecidas no es solo un número, sino un reflejo del control territorial de grupos delictivos. La UAN ha enfatizado que la falta de protocolos científicos rigurosos en el levantamiento de restos —como lo ocurrido en El Cabezal— entorpece las pruebas de ADN y condena a los restos a permanecer en la «congeladora» de la burocracia forense por años.
A nivel oficial, el INEGI, a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, ha documentado que Nayarit se encuentra entre las entidades con mayor presión sobre sus servicios periciales en relación con su densidad poblacional. Según las métricas del Instituto, el país arrastra una crisis de más de 52,000 cuerpos sin identificar, y en lo local, el incremento de hallazgos en fosas clandestinas ha rebasado la capacidad técnica de la Fiscalía. Esta saturación, lejos de resolverse con mayor presupuesto, se agrava por la falta de sensibilidad del personal operativo, quienes, según los colectivos, carecen de la formación humana necesaria para tratar con víctimas indirectas de la violencia.
La crítica de las líderes no se dirige a las cabezas políticas —donde reconocen la voluntad del gobernador Miguel Ángel Navarro y el alcalde Héctor Santana— sino a los mandos operativos que ejecutan mal su trabajo en el campo. María Salinas fue enfática al señalar que, mientras el gobierno estatal ofrece apoyo logístico, el personal de SEMEFO responde con «malas caras» y desidia. El contraste es brutal: mientras las instituciones se pierden en procesos administrativos, los colectivos han tenido que extender sus jornadas de búsqueda hasta zonas de alto riesgo como San Blas, enfrentando incluso riesgos de seguridad para cubrir los vacíos que deja la autoridad.
La situación en Bahía de Banderas es un grito de auxilio por la humanización de la justicia. La exigencia de los colectivos es clara: se requiere una depuración o capacitación urgente en las áreas periciales para que no se repitan escenas donde las madres terminan el trabajo que el Estado abandona por prisa o falta de empatía. La labor de María Salinas destaca por su valentía al confrontar no solo al crimen, sino a la apatía institucional; ella y sus compañeras se han convertido en el último filtro contra la impunidad en un estado donde la tierra sigue hablando, pero las autoridades parecen no querer escuchar.
Finalmente, el llamado al gobernador Navarro es a que emita instrucciones estrictas para que el procesamiento de escenas en predios críticos como El Cabezal se agote hasta el último centímetro. La deuda histórica de México con sus más de 115,000 desaparecidos no se saldará mientras el personal de primera línea siga considerando la búsqueda de una persona como un trámite molesto. Mientras la desidia persista, las mujeres de Uniendo Corazones seguirán metiéndose a los barrancos para rescatar la paz que la burocracia les niega, recordándole a Nayarit que el amor de una madre es la única ley que no descansa.
