Redacción 
Voz En Guardia.
Por JavierZapata.
El 7 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que durante este mes el Gobierno federal renovará el acuerdo voluntario con gasolineros para mantener el precio de la gasolina Magna en un máximo de 24 pesos por litro.
El anuncio se enmarca como un logro para contener la inflación que cayó a 3.51 % en julio y se complementa con la promesa de reducir trámites burocráticos para las estaciones de servicio.
Sin embargo, detrás de esta aparente buena noticia, persiste una omisión grave que golpea directamente al consumidor: la falta de cumplimiento y verificación efectiva de que las gasolineras entreguen litro por litro completo.
Una falla de origen: el acuerdo ignora el problema del despacho incompleto
El pacto impulsado por el Ejecutivo federal desde febrero de este año, ha servido para estabilizar el precio, pero no incluye mecanismos de sanción ni auditorías obligatorias para vigilar que las bombas despachen el volumen correcto.
Esto deja al consumidor atrapado entre dos realidades contradictorias: un precio “controlado” pero un volumen que, en muchos casos, no es el que paga.
Omisión compartida en tres niveles de gobierno
- Gobierno Federal
• A través de PROFECO y la CRE (Comisión Reguladora de Energía), el gobierno tiene la facultad y obligación de inspeccionar, sancionar y clausurar estaciones que no cumplen.
• Las revisiones suelen ser escasas, anunciadas con anticipación y, en ocasiones, se limitan a operativos mediáticos sin seguimiento.
• El propio historial de operativos muestra que el Grupo Octano y otras cadenas han sido sancionadas en el pasado por no dar litros completos, pero siguen operando. - Gobiernos Estatales
• Aunque la regulación del combustible es federal, las administraciones estatales como la de Nayarit pueden y debe coordinar inspecciones y exigir cumplimiento mediante convenios con PROFECO, algo que rara vez hacen.
• Prefieren destacar medidas de “apoyo” a consumidores antes que confrontar a empresarios con historial de irregularidades. - Gobiernos Municipales
• Cuentan con herramientas indirectas como licencias de funcionamiento, permisos de uso de suelo y verificaciones de protección civil.
• Pese a ello, no condicionan estos permisos al cumplimiento de la entrega de litros completos, y muchas veces son los principales consumidores institucionales de gasolina en estaciones con antecedentes negativos.
El costo oculto para la ciudadanía
Estudios independientes estiman que en zonas con altos índices de irregularidad, el consumidor puede perder entre 50 ml y 700 ml por cada 20 litros comprados.
En un año, para un automovilista promedio, esto puede representar más de 1,500 pesos de gasolina pagada pero no recibida.
Conclusión
El acuerdo para mantener el precio máximo de 24 pesos por litro podría ser un avance si estuviera acompañado de una política firme y sostenida de verificación y sanción, que garantice que cada peso que paga el consumidor corresponda a un litro completo en su tanque.
Sin ese control, el pacto queda incompleto, protege un precio, pero no el producto.
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