Por Javier Zapata.
“La Suprema Corte de la Nación, ha estableció que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales tienen fuerza constitucional y obligan a todas las autoridades a proteger a la población. Sin embargo, en Nayarit la realidad refleja otra cosa: desapariciones sin resolver, colectivos haciendo labores que corresponden al Estado y una práctica de extorsión que ha comenzado a normalizarse entre el miedo y el silencio. Cobro de piso, amenazas telefónicas, intimidaciones a comerciantes, presión a empresarios y ciudadanos obligados a callar por temor a represalias forman parte de una crisis que muchos intentan minimizar públicamente mientras crece en las calles. La Constitución obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar; por ello, cuando la autoridad omite actuar o simula combatir estos delitos, también se convierte en parte del problema.”
“La Corte fue clara: ningún gobierno puede evadir su responsabilidad frente a violaciones de derechos humanos. Pero en Nayarit, mientras aumentan las denuncias de desaparición, también avanzan las prácticas de extorsión que golpean a comerciantes, transportistas, empresarios y familias enteras. El problema no solo es el delito; es la ausencia de una respuesta firme y transparente. Porque cuando la sociedad vive bajo amenazas, paga cuotas por miedo o aprende a guardar silencio para sobrevivir, el Estado comienza a perder una de sus principales funciones: garantizar libertad y seguridad.”
“La Constitución y los tratados internacionales obligan a todas las autoridades a proteger la dignidad humana y garantizar seguridad a la población. Sin embargo, en Nayarit cada vez son más visibles las señales de una realidad que se intenta contener desde el discurso: extorsiones, cobro de piso, amenazas, desapariciones y ciudadanos atrapados entre el miedo y la desconfianza institucional. La Suprema Corte ya dijo que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos. Por eso, cada denuncia ignorada, cada carpeta congelada y cada acto de intimidación tolerado también representa una falla del poder público frente a la sociedad.”
“Ya no hay espacio para la simulación institucional. La propia Suprema Corte dejó establecido que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales tienen fuerza constitucional y obligan a todas las autoridades sin excepción. Quien omite proteger, investigar o garantizar derechos fundamentales no solamente falla a la sociedad: viola el mandato constitucional y convencional que juró cumplir.”
“La Corte ya marcó la ruta: ningún gobierno, fiscalía o autoridad puede esconderse detrás de la burocracia cuando están de por medio los derechos humanos. México está obligado constitucionalmente a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones; todo lo demás es omisión disfrazada de discurso.”
“Mientras algunos intentan minimizar las violaciones a derechos humanos, la Suprema Corte ya dejó claro que los tratados internacionales son ley constitucional viva. No es un favor del Estado cumplirlos; es una obligación. Y cada omisión, indiferencia o encubrimiento institucional también genera responsabilidad.”
