Por Javier Zapata.
En Nayarit, hablar de personas desaparecidas sin auditar a las autoridades encargadas de investigarlas es simular justicia. La impunidad no es casual: es el resultado de omisiones sistemáticas, decisiones administrativas deliberadas y posibles conductas criminales desde el propio aparato estatal.
Por ello, la única salida creíble es una auditoría forense integral e independiente a las instituciones estatales directamente vinculadas con la búsqueda, investigación y registro de personas desaparecidas.
¿Qué es una auditoría forense estatal?
Es un mecanismo técnico-jurídico de reconstrucción de responsabilidades, diseñado para identificar:
• Manipulación de registros.
• Encubrimiento institucional.
• Obstrucción de justicia.
• Negligencia grave.
• Participación directa o indirecta de servidores públicos.
No es una revisión administrativa ordinaria.
Autoridades que deben ser auditadas:
- Fiscalía General del Estado: Eje central de la impunidad.
Revisión forense de:
• Carpetas de investigación inactivas o archivadas
• Tiempos reales de apertura y actuación
• Reclasificación indebida de delitos.
• Falta de judicialización sin causa legal.
• Omisión de líneas de investigación que involucren a agentes del Estado.
“Carpetas con más de 6 meses sin actos de investigación reales”.
- Comisión Estatal de Búsqueda: Institución creada para buscar, pero limitada para encontrar.
Auditoría sobre:
• Activación tardía de protocolos.
• Búsquedas sin análisis de contexto.
• Simulación de operativos.
• Uso discrecional de recursos.
• Dependencia política del Ejecutivo.
Búsquedas realizadas solo tras presión mediática. - Servicios Periciales y SEMEFO: Zona crítica de ocultamiento.
Revisión forense de:
• Cadena de custodia.
• Registro de cuerpos no identificados.
• Coincidencias genéticas no notificadas.
• Retrasos injustificados en dictámenes.
• Pérdida o fragmentación de restos.
“Cuerpos sin identificar por años pese a contar con muestras genéticas”.
- Secretaría de Seguridad y policías estatales: Donde el silencio se vuelve estructura.
Auditoría de:
• Bitácoras de patrullaje.
• Uso de vehículos oficiales.
• Geolocalización.
• Detenciones no registradas.
• Coincidencias temporales entre operativos y desapariciones.
“Desapariciones ocurridas durante retenes o tras intervenciones policiales”.
¿Por qué una auditoría forense y no un informe oficial?
Porque los informes los escribe el mismo poder que debe ser investigado, las cifras se maquillan, las responsabilidades se diluyen y las víctimas quedan fuera.
Una auditoría forense busca responsables, no narrativas.
Quién debe realizarla debe ser:
• Independiente.
• Con participación federal y organismos autónomos.
• Con acompañamiento de colectivos.
• Con acceso total a archivos físicos y digitales.
• Con facultades para remitir hallazgos penales.
Nunca el propio Estado.
Lo que el gobierno teme no es la auditoría, es lo que revela:
Que la impunidad no es incapacidad, sino una decisión, que hubo servidores públicos que miraron, callaron o participaron, que la desaparición también es un crimen de estado por omisión.
Mientras no se audite forensemente al propio Estado, la búsqueda seguirá siendo discurso, la justicia simulación
y las cifras propaganda.
La verdad no se encuentra en comunicados.
Se encuentra siguiendo el rastro del poder.
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