Por Javier Zapata.

En Santiago Ixcuintla no hay procesos electorales abiertos, pero sí una presencia política insistente, repetitiva y estratégicamente calculada. Geraldine Ponce aparece, recorre, se toma la foto, promete, abraza, publica. No gobierna ahí, no rinde cuentas ahí, pero actúa como si el territorio ya estuviera marcado con su nombre. Eso, en términos claros, se llama campaña anticipada, aunque se disfrace de “cercanía”, “gestión” o “amor al pueblo”.

La ley es clara; Nadie puede promocionarse fuera de los tiempos electorales con fines evidentes de posicionamiento político. La realidad también es clara; cuando una figura pública invade municipios ajenos con discurso, imagen y narrativa personal, no está ayudando, está sembrando ambición. Y la ambición, cuando se adelanta a la ley, se convierte en abuso.

Santiago no necesita visitas coreografiadas, ni sonrisas de ocasión. Necesita soluciones reales, inversión seria, respeto institucional. Basta caminar sus colonias para entenderlo; calles destrozadas, baches convertidos en cráteres, drenajes colapsados, fugas de agua permanentes, alumbrado inexistente, servicios públicos rebasados o abandonados por completo. Esa es la realidad cotidiana del pueblo, una realidad que no aparece en las fotografías, ni en los discursos ensayados.

Lo que hoy se ve es otra cosa: una gira personal pagada con reflectores mediáticos, donde el objetivo no es reparar calles, ni restablecer servicios básicos, sino acostumbrar al electorado a un rostro, a un nombre, a una idea de poder futuro, mientras la infraestructura urbana se cae a pedazos.

Pero esta simulación no camina sola. Hay un sector empresarial que ha normalizado la corrupción, que perdió hace tiempo cualquier rastro de ética pública y que apuesta abiertamente al siguiente periodo político, no para generar desarrollo, sino para seguir enriqueciéndose con el dinero del pueblo. Son los mismos de siempre: proveedores recurrentes, constructores de obras mal hechas, contratos inflados y pavimentos que duran lo que dura la foto inaugural. Calles destruidas hoy son el negocio de mañana para los mismos actores.

El problema no es solo Geraldine Ponce. El problema es el entramado de intereses que la rodea y la impulsa. El problema es el silencio cómplice de las autoridades electorales, que miran hacia otro lado mientras la propaganda disfrazada de “labor social” se normaliza. El problema es un partido que confunde territorio con botín y pueblo con audiencia, mientras la gente esquiva baches, basura y abandono.

Cuando la política se adelanta, la democracia se atrasa. Cuando la promoción personal sustituye al trabajo institucional y el empresariado corrupto dicta la agenda, el mensaje es brutal: la ley es flexible para quien tiene poder y dinero, y estricta solo para el ciudadano que vive entre calles rotas y servicios inexistentes.

Santiago merece respeto. Merece gobernantes que entiendan que no todo se vale, y empresarios que comprendan que el desarrollo no se construye a base de favores, contratos amañados y obras de mala calidad. La dignidad de un municipio no se usa como trampolín político ni como caja chica.

El pueblo observa. Y aunque hoy guarden silencio, la memoria social no olvida quién llegó antes de tiempo, quién permitió el abandono… ni quiénes apostaron a seguir robando desde las sombras y se escucha muy constante, el proximo voto de castigo.