Por Javier Zapata.
“Entre sobrepoblación, corrupción y un control que nunca ha sido del Estado”.
En México, las cárceles suelen exhibirse como espacios donde el Estado reafirma su autoridad, garantiza el orden y asegura la reinserción social. Sin embargo, en la realidad y en la práctica, muchos centros penitenciarios funcionan como territorios fracturados, híbridos, donde coexisten y compiten el mandato formal de la ley y el poder real de intereses paralelos.
El caso del CERESO Venustiano Carranza, en Tepic, Nayarit, es quizá uno de los ejemplos más crudos de esta contradicción.
- Un penal que figura entre los peores del país.
Según las más recientes estadísticas federales, el sistema penitenciario de Nayarit, se ubica entre los de mayor sobrepoblación del país, con tasas que superan el 200% de ocupación, lo que coloca al penal de Tepic dentro de los centros más saturados del territorio nacional.
El CERESO Venustiano Carranza, con capacidad original para alrededor de 700 personas, alberga hoy miles. El hacinamiento se convirtió en la norma estructural, no en la excepción. Y cuando un penal rebasa más del doble de su capacidad, ya no hablamos de fallas operativas: hablamos de un colapso institucional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha calificado reiteradamente este centro como uno de los peor evaluados del país, con puntajes que exponen deficiencias sistémicas, violencia interna, escasez de personal, agentes sometidos o cooptados, insalubridad, espacios inhumanos y ausencia de programas reales de reinserción.
- ¿Quién tiene el control real?
La historia penitenciaria en México demuestra que, cuando la autoridad formal es débil, el vacío se llena con rapidez. En muchos penales y el Venustiano Carranza no es la excepción el control cotidiano no lo ejerce el Estado de manera plena, sino una estructura paralela compuesta por:
• Grupos internos organizados, que administran espacios, privilegios y castigos.
• Funcionarios penitenciarios coludidos, que permiten o facilitan prácticas ilegales a cambio de cuotas.
• Redes externas de protección, necesarias para que estos sistemas sobrevivan sin ser desmontados.
Estos grupos no solo controlan el “orden” dentro del penal. Controlan lo más valioso: la economía interna, el flujo de dinero, el acceso a la comida digna, a la seguridad, a la salud, a un lugar donde dormir, a no ser torturado, a no ser violentado.
En un penal saturado y abandonado, el poder no lo define la ley, sino quien pueda comprarlo o venderlo.
- La corrupción no es un accidente: es el sistema operativo.
La corrupción penitenciaria no es un acto aislado ni producto de una manzana podrida. Es una economía estructurada que opera de manera constante. Familiares de internos callan para no ser afectados, primero por las autoridades que tienes la responsabilidad de proteger, segundo por los grupos que tiene el control interno. En el CERESO Venustiano Carranza como en muchos penales estatales todo tiene un costo:
• El acceso a una celda menos peligrosa.
• La compra de alimentos que no estén echados a perder.
• El derecho a usar el baño sin ser agredido.
• La oportunidad de trabajar o estudiar.
• La entrada de medicamentos, ropa, artículos básicos.
• La protección para no ser extorsionado por otros internos.
• El permiso para no ser trasladado a áreas de castigo.
Cada uno de estos “servicios” representa una renta ilegal, una fuente continua de dinero que fluye y se acumula.
- ¿A dónde va todo ese dinero?
El dinero que se paga “para sobrevivir” dentro del penal no se queda dentro. Forma parte de una cadena vertical de corrupción que opera como una economía clandestina perfectamente articulada:
- Cobros internos
Grupos internos recaudan cuotas diarias, semanales o por evento (espacios, seguridad, permisos, privilegios). - Complicidad institucional
Una parte se entrega a custodios o mandos medios para asegurar protección, omisiones o concesiones. - Flujo hacia arriba
Lo recaudado escala hacia niveles superiores del sistema penitenciario. Mientras exista ganancia, no hay voluntad real de desmontar estas prácticas. - Normalización externa
En ocasiones, redes externas de carácter político, económico o delictivo se benefician del control de la economía carcelaria.
No porque “entren al penal”, sino porque permiten o aprovechan la estabilidad que genera un sistema de extorsión con reglas no escritas.
El dinero, en resumen, sale y se reparte. La corrupción penitenciaria es una pirámide y su cúspide nunca está dentro del penal.
- ¿Por qué no se corrige?
Porque para ciertos actores el penal funciona mejor así:
• Produce dinero.
• Otorga control territorial.
• Mantiene un orden interno basado en complicidades.
• Reduce la responsabilidad real del Estado.
• Mantiene invisibles las violaciones a derechos humanos.
Y porque la población interna carece de interlocutores, voz pública y mecanismos eficaces para denunciar sin represalias.
- El costo humano y la vergüenza institucional.
La vida en Venustiano Carranza no se explica sin reconocer la violencia económica que pesa sobre las familias.
Las madres, esposas e hijas que cada semana llevan dinero, comida, ropa y medicamentos están sosteniendo una estructura de corrupción que el gobierno no solo no ha desmantelado, sino que ha tolerado por décadas.
El Estado no solo ha perdido el control del penal.
Ha perdido la autoridad moral.
- La verdadera pregunta no es qué lugar ocupa el penal… sino qué lugar ocupan los derechos humanos.
En los “rankings” federales, Venustiano Carranza aparece entre los peores del país. Pero el ranking más doloroso es moral: es un penal donde la dignidad humana se volvió una mercancía, donde la sobrevivencia se compra, donde el Estado administra el edificio pero no administra el poder.
Mientras el gobierno no enfrente la economía interna, la cooptación de mandos, las complicidades externas y la sobrepoblación extrema, Nayarit seguirá teniendo un penal que no reeduca, no reinserta y no respeta.
Un penal que no corrige a nadie, pero sí corrompe a todos los que dependen de él.
zapata.nayarit@gmail.com
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