CDMX (RRC): México vive la sequía más severa de su historia moderna: 70 % del territorio en condiciones de sequía extrema o excepcional (según el Monitor de Sequía de Norteamérica), presas al 28 % de su capacidad promedio nacional, y ciudades como Monterrey y Ciudad de México bajo esquemas de racionamiento drástico. Sin embargo, la principal herramienta legal del país para gestionar el agua –la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992, reformada por última vez de manera sustantiva en 2004– es ampliamente señalada por especialistas, organismos internacionales y movimientos sociales como insuficiente, contradictoria y, en muchos casos, contraria al interés público.
Los principales agujeros de la ley vigente.
- Concesiones perpetuas y opacas
La LAN permite títulos de concesión hasta por 50 años (renovables indefinidamente) sin obligación real de revisión por escasez o sobreexplotación. Actualmente existen más de 540 000 concesiones registradas en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), pero el propio gobierno reconoce que entre 20 % y 30 % están en manos de usuarios que no reportan extracciones o que acaparan volúmenes muy superiores a sus necesidades reales (casos documentados en Sonora, Baja California y el valle de México). - Prioridad al uso económico sobre el derecho humano al agua
Aunque México reconoció el derecho humano al agua en el artículo 4° constitucional en 2012, la LAN mantiene el orden de preferencia de 1992: primero uso público urbano, después agricultura, luego industria y, al final, uso doméstico y ecológico. En la práctica, grandes agroindustriales y empresas embotelladoras conservan concesiones millonarias incluso en zonas declaradas en veda desde hace 20 años. - Ausencia de caudal ecológico obligatorio
La ley menciona el “equilibrio ecológico”, pero no obliga a reservar caudales ecológicos en ríos ni niveles mínimos en acuíferos. Resultado: 105 de los 653 acuíferos del país están sobreexplotados y más de 70 ríos del centro y norte del país ya no llegan al mar (Lerma-Santiago, Pánuco, Conchos, Nazas, Mayo, etc.). - Falta de sanciones efectivas y corrupción en la Conagua
La extinción de títulos por no uso o por sobreexplotación es prácticamente nula. Entre 2018 y 2024 solo se cancelaron 187 concesiones de más de 500 000, según datos obtenidos vía transparencia. Al mismo tiempo, la Conagua ha sido señalada en múltiples auditorías de la ASF por asignar concesiones de manera directa y sin publicación previa, beneficiando a empresas cerveceras, refresqueras y mineras. - Inexistencia de regulación real del agua subterránea
El 70 % del agua que consume México proviene de acuíferos, pero la LAN sigue tratándolos como “bienes nacionales de uso público” sin mecanismos efectivos de medición ni recarga obligatoria. Los famosos “pozos pirata” se cuentan por decenas de miles.
Voces críticas.
“La ley actual fue hecha para un México que ya no existe: con abundancia relativa de agua y sin cambio climático”, señala Pedro Moctezuma, investigador de la UAM y coordinador del movimiento Agua para Tod@s. “Hoy necesitamos una ley que ponga por delante el derecho humano al agua, el caudal ecológico y la participación ciudadana vinculante, no una ley pensada para privatizar y mercantilizar el recurso.”
Por su parte, el Consejo Consultivo del Agua –organismo ciudadano creado en 2005– entregó en septiembre de 2025 un diagnóstico firmado por 42 organizaciones en el que califica a la LAN como “inconstitucional, antidemocrática y ecológicamente suicida”.
¿Qué hay en el Congreso?.
Desde 2021 duermen en la Cámara de Diputados al menos siete iniciativas de Ley General de Aguas, la más avanzada de ellas la presentada por el Frente por una Nueva Ley de Aguas (Morena, PT y organizaciones). Sin embargo, la discusión se ha pospuesto una y otra vez por la presión de la Confederación Nacional Campesina, la Concamin y las grandes embotelladoras. El 26 de noviembre de 2025, la Comisión de Recursos Hidráulicos aprobó en lo general un dictamen que mantiene las concesiones hasta 50 años y no reconoce el caudal ecológico como obligatorio, lo que provocó que senadores de oposición y movimientos sociales abandonaran la sesión.
Mientras tanto, en los territorios.
- En la Laguna (Coahuila-Durango), comunidades ya compran agua en pipas a 800 pesos el tanque de 10 000 litros.
- En San Luis Potosí, la zona metropolitana lleva dos años con cortes de 48 a 72 horas.
- En Sonora, la tribu yaqui mantiene bloqueada la carretera internacional desde hace meses exigiendo la cancelación de concesiones ilegales a Constellation Brands.
Especialistas coinciden: si no hay una nueva ley que priorice el derecho humano al agua, la justicia hídrica y la sostenibilidad ecológica antes de 2027, México se encamina a un escenario de conflictos sociales y migración masiva por agua como no se ha visto en América Latina.
Por lo pronto, la Ley de Aguas Nacionales de 1992 –diseñada cuando el país tenía 86 millones de habitantes y un cambio climático aún lejano– sigue rigiendo el destino de un país de 130 millones de personas que, literalmente, se está quedando sin agua.
