Por Ricardo Reyes.
En un país donde la impunidad se ha convertido en una sombra persistente, las fiscalías —encargadas de investigar y perseguir delitos— representan un pilar fundamental del sistema de justicia. Sin embargo, el modelo actual de fiscalías autónomas, impulsado por reformas constitucionales de hace una década, enfrenta un escrutinio cada vez más intenso. ¿Es esta autonomía un avance hacia la independencia judicial o un velo que oculta ineficiencias, corrupción y subordinación política? Este reportaje explora los orígenes del modelo, sus fallas estructurales y las reformas en el horizonte, en un contexto donde la violencia y la corrupción siguen cobrando vidas y confianza ciudadana.
El Nacimiento de un Modelo «Independiente»: De Procuradurías a Fiscalías.
Hasta 2014, México operaba con procuradurías dependientes directamente del Ejecutivo federal y estatal, lo que facilitaba su uso como herramientas políticas. La reforma constitucional de ese año, alineada con el Sistema Penal Acusatorio, transformó estas instituciones en fiscalías autónomas. La Fiscalía General de la República (FGR) se independizó del presidente, con un fiscal designado por el Senado por un periodo de nueve años (transexenal), y las fiscalías estatales siguieron un patrón similar, con gobernadores proponiendo candidatos aprobados por congresos locales.
El objetivo era claro: romper con la tradición de fiscales leales al poder en turno, fortaleciendo la procuración de justicia. Según expertos como Ana Lorena Delgadillo Pérez, abogada y activista, esta transición buscaba «años de trabajo y esfuerzos por la borda» para crear instituciones sólidas. En teoría, la autonomía garantizaría investigaciones imparciales, libres de presiones políticas. En la práctica, sin embargo, el modelo ha sido calificado como «cuestionable» por su implementación perversa.
Fallas Estructurales: Impunidad, Ineficiencia y Corrupción.
A pesar de los avances formales, las fiscalías mexicanas lidian con problemas crónicos que las convierten en un «cuello de botella» para la justicia. Según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021 de Impunidad Cero —actualizado con datos hasta 2024—, solo ocho estados judicializaron más del 5% de las investigaciones por corrupción entre 2019 y 2020. La tasa de impunidad en homicidios dolosos supera el 90% a nivel nacional, con fiscalías estatales acusadas de truquear datos para inflar «éxitos» en la reducción de violencia.
En el ámbito anticorrupción, las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción (FEC) —creadas post-reforma— enfrentan limitaciones presupuestarias y de autonomía operativa. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL revela que carecen de independencia financiera, dependen de las fiscalías generales y priorizan casos políticos sobre estructurales. «La corrupción es el segundo problema principal en las entidades federativas, solo por debajo de la inseguridad», advierte el IMCO, señalando que entre 2015 y 2025, la percepción de corrupción no ha disminuido.
La Fiscalía General de la República (FGR), bajo Alejandro Gertz Manero desde 2018, ilustra estas tensiones. Aunque desarticuló redes de factureros y recuperó recursos millonarios por defraudación fiscal, ha sido criticada por su «alianza» con el Ejecutivo de la Cuarta Transformación (4T). Delgadillo Pérez acusa a Gertz de violar la autonomía constitucional, afianzando una «subordinación» con complicidad del Senado. Casos como Ayotzinapa —donde avances recientes en rastreo de llamadas han llevado a 10 detenciones en noviembre de 2025— destacan, pero también exponen lentitudes históricas.
En estados, el panorama es peor. Fiscalías como la de Puebla o Guerrero operan con recursos insuficientes, personal no capacitado y vínculos con crimen organizado. Un análisis de México Evalúa (2024) indica que la transición de procuradurías a fiscalías no incluyó depuración ni inversión en tecnología, resultando en «buenas prácticas aisladas» pero sin estrategia nacional. La violencia persiste: en 2025, México acumula más de 30,000 homicidios, con fiscalías estatales liberando delincuentes por fallas en carpetas de investigación.
Voces desde la Sociedad: Críticas en Tiempo Real.
En redes sociales y debates públicos, la frustración es palpable. Usuarios como @LitzianPineda destacan en portadas diarias el «modelo cuestionable» de las fiscalías, vinculándolo a escándalos como el plagio en investigaciones del Cártel de Sinaloa. Expertos como Elisa Godínez, en Canal 22, urgen una «reforma profunda» para alinearlas con la transformación nacional, criticando a Gertz como una figura «no acorde». Políticos como Sergio Gutz Luna (@Sergeluna_S) acusan a la oposición de orquestar protestas para desviar atención de la corrupción en fiscalías «secuestradas por el PRIAN».
Víctimas y analistas coinciden: sin fiscalías especializadas en feminicidios, desapariciones o trata —como propone la ministra Loretta Ortiz Ahlf—, la justicia sigue siendo un espejismo. La ministra, en un foro de la SCJN en noviembre de 2025, enfatizó: «No es falla de jueces, sino de investigaciones deficientes».
Reformas en el Horizonte: ¿Centralización o Mayor Control?.
El 2025 marca un punto de inflexión. La presidenta Claudia Sheinbaum, tras la reforma judicial de septiembre, prepara cambios constitucionales para eliminar la autonomía de la FGR y fiscalías estatales. Según reportes de EL PAÍS y SinEmbargo (mayo-junio 2025), el proyecto devuelve al Ejecutivo la designación directa de fiscales, argumentando que la independencia actual frustra el combate a la corrupción al permitir «fiscales ligados a oposición». Esto revertiría la reforma de 2014, extendiendo periodos transexenales pero bajo control presidencial y estatal.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detalla un «paquete normativo» post-reforma al Artículo 21 (noviembre 2024), que amplía facultades de la SSPC en inteligencia y fiscalización, centralizando recursos federales bajo Omar García Harfuch. Sheinbaum justifica: «Fortalece la coordinación entre fiscalías y secretarías de Seguridad», pero críticos como Norma Piña ven en ello un retroceso a la «sumisión» pre-2014.
En el Congreso, comisiones aprobaron en noviembre una Ley contra la Extorsión, obligando a fiscalías a crear unidades especializadas y endureciendo penas —un paso, pero insuficiente sin reforma integral. Movimiento Ciudadano y expertos como Viri Ríos (@Viri_Rios) advierten de truqueos en datos de homicidios, urgiendo inversión en fiscalías locales.
Conclusión: Hacia una Justicia Real o un Nuevo Velo Político.
El modelo de fiscalías autónomas en México prometía independencia, pero ha entregado impunidad y desconfianza. Con tasas de resolución por debajo del 10% en delitos graves y presupuestos raquíticos, urge una transformación: más recursos, depuración y especialización. La reforma de Sheinbaum podría eficientar, pero arriesga mayor politización. Como sentencia Delgadillo: «No es el modelo lo que falla, sino su perversión». En un México de 2025, donde la ciudadanía exige cuentas —desde Ayotzinapa hasta extorsiones diarias—, las fiscalías no pueden seguir siendo un obstáculo. La verdadera justicia demanda autonomía real, no simulación. ¿Escuchará el poder? El tiempo, y las urnas de 2026, lo dirán.
