DMX (RRC): En un intento por estabilizar el sector agrícola en el corazón productivo de México, el Gobierno federal anunció un acuerdo con los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán para garantizar un precio mínimo de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco.
Sin embargo, lo que parecía un avance en las negociaciones se convirtió en un punto de quiebre: los productores rechazan la propuesta, exigen 7 mil 200 pesos y han iniciado bloqueos indefinidos en carreteras y puentes, escalando la tensión en el Bajío y más allá.
Un Campo en Crisis: El Desplome de los Precios del Maíz
El maíz blanco, pilar de la alimentación mexicana y base de la dieta diaria en tortillerías y hogares, enfrenta una tormenta perfecta en 2025.
Los productores de los estados del centro y Bajío –regiones que aportan gran parte de la producción nacional– lidian con precios internacionales a la baja, impulsados por una sobreoferta global y la volatilidad de los mercados.
En semanas recientes, el valor del grano ha caído hasta los 5 mil 200 pesos por tonelada en algunos puntos de compra, dejando a miles de familias campesinas al borde de la ruina.
«Los costos de producción han subido por la sequía, los fertilizantes caros y el diesel, pero el precio que nos pagan no cubre ni la siembra», denuncia Ricardo Hernández, un agricultor de Jalisco que representa a cientos de afectados.
Esta situación no es aislada: según estimaciones del sector, al menos 24 entidades federativas se ven impactadas, con pérdidas millonarias para pequeños y medianos productores que dependen del ciclo de otoño-invierno.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), impulsó una mesa de diálogo con los gobiernos estatales de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
El resultado, revelado este lunes por el titular de Sader, Julio Berdegué Sacristán, es un esquema de precio de garantía de 6 mil 50 pesos por tonelada –un 25% por encima del precio de mercado internacional en el centro del país–.
El paquete incluye incentivos adicionales: un crédito accesible con tasa de interés del 8.5% anual y un seguro agropecuario para mitigar riesgos climáticos. «Abrimos ventanillas de registro inmediato para que los productores se inscriban y reciban el apoyo lo antes posible», enfatizó Berdegué, quien destacó la colaboración con los gobiernos locales para publicar las mecánicas operativas.
Los estados se comprometen a complementar el esquema, asegurando que el pago llegue directamente a los campos.
Este acuerdo surge tras semanas de presión del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y otras organizaciones, que han exigido un precio de garantía desde hace meses para contrarrestar la influencia de la industria molinera –empresas como Minsa, Maseca, Bachoco y Brumar– acusadas de presionar a la baja los precios de adquisición.
A pesar del anuncio oficial, las dirigencias campesinas presentes en la reunión de Segob catalogaron la propuesta como «una burla». Baltazar Valdés, delegado del Frente Nacional, argumentó que los 6 mil 50 pesos no cubren los costos reales de producción, estimados en al menos 7 mil pesos por tonelada en regiones como el Bajío michoacano.
«La industria se niega a pagar más y el Gobierno federal cede ante ellos, mientras nosotros perdemos todo», exclamó Valdés, quien demandó una mesa directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.
La sesión derivó en un conato de bronca: los productores intentaron confrontar a elementos de seguridad, gritando consignas como «¡Fuera Berdegué!» y rompiendo una patrulla de la Guardia Nacional en las afueras de la dependencia.
Víctor Manuel Ceballos, productor de Michoacán, apuntó que el subsidio gubernamental de 850 pesos por tonelada se diluye en la cadena de intermediarios, dejando al campesino con migajas.
Sin avances en la negociación, los agricultores no esperaron. Desde esta mañana, caravanas de tractores, caballos y camiones iniciaron bloqueos en al menos 89 puntos de Jalisco, 20 en Michoacán, y accesos clave en Guanajuato, como Silao y Querétaro.
La protesta se extiende a 24 estados, incluyendo cierres de puentes internacionales en la frontera norte para frenar el flujo de mercancías y visibilizar la crisis.
«Si no hay respuesta en uno o dos días, escalaremos: cerraremos todo lo que sea necesario», advirtió Valdés, evocando movilizaciones pasadas que han paralizado el país en defensa del campo.
En Guadalajara y Morelia, ya se reportan afectaciones al transporte de carga, con llamados a la solidaridad de otros sectores agrarios.
El Gobierno federal mantiene la puerta abierta al diálogo. Berdegué reiteró que el acuerdo con los estados es un «paso concreto» y llamó a las organizaciones a inscribirse en las ventanillas, mientras Segob enfatiza su compromiso con la paz social.
Sin embargo, la sombra de la industria molinera pesa: estas empresas, que controlan gran parte del acopio, han resistido cualquier alza, argumentando impactos en la cadena alimentaria.
Gobiernos estatales, por su parte, respaldan el esquema federal pero urgen a una solución integral. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro ha prometido mediar, reconociendo que el maíz es «el alma de nuestra economía rural».
Este pulso entre productores y autoridades pone en jaque la soberanía alimentaria de México, en un año marcado por reformas agrarias y promesas de apoyo al campo. Si los bloqueos se prolongan, podrían encarecer el maíz en tortillerías y afectar la exportación de granos, con repercusiones en la inflación.
La pelota está en el tejado de Sheinbaum: ¿un precio de 7 mil 200 pesos para apaciguar el descontento, o un endurecimiento que avive el fuego?
Mientras tanto, en los campos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, miles de familias esperan no solo un número en pesos, sino la dignidad de un cultivo que ha sostenido a la nación por siglos. El diálogo, urge, antes de que el maíz –y la paciencia– se agote.
