Por Ricardo Reyes.
En el mes de octubre de 2025, México se vio azotado por lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y deslaves en al menos seis estados, dejando un saldo trágico de al menos 64 personas fallecidas y miles de damnificados.
Eventos como estos, que antes contaban con el respaldo del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ahora revelan las grietas de un sistema reestructurado. La ausencia del Fonden, eliminado en 2021 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha generado un debate nacional sobre la preparación del país ante los crecientes impactos del cambio climático.
Mientras el gobierno defiende la medida como un paso hacia la eficiencia, víctimas y expertos denuncian un abandono que agrava la vulnerabilidad social y amenaza la estabilidad política rumbo a las elecciones de 2027.
Creado en 1996, el Fonden fue un fideicomiso público-privado administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Gobernación (Segob), destinado a financiar la atención inmediata de desastres naturales como huracanes, sismos e inundaciones.
Su objetivo era agilizar recursos para reconstrucción, rescate y prevención, con aportaciones anuales del presupuesto federal que oscilaban entre 10 y 15 mil millones de pesos en años recientes.
Sin embargo, durante décadas, el fondo acumuló críticas por opacidad, burocracia excesiva y corrupción. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades recurrentes: en sexenios anteriores, como los de Vicente Fox y Felipe Calderón, se reportaron faltantes de hasta 500 millones de pesos por desastre, pagos irregulares y evaluaciones incompletas de daños.
Por ejemplo, en el huracán «John» de 2024, se destinaron 6 mil 108 millones de pesos para atender a 143 mil personas, pero solo se revisó el 35% de las viviendas afectadas, con irregularidades por 90 millones de pesos. 1 2 4 La extinción del fideicomiso se aprobó en octubre de 2020 y se concretó el 28 de julio de 2021, como parte de una reforma para eliminar fideicomisos considerados «cajas chicas» del gobierno anterior.
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, ha enfatizado que el Fonden era «ineficiente, costoso y burocrático», con procesos que demoraban hasta 42 días hábiles para liberar recursos —equivalentes a casi dos meses—.
Esto incluía trámites como declaratorias de desastre, evaluaciones de daños y convocatorias a comités, lo que retrasaba la ayuda en momentos críticos.
El año 2025 ha sido particularmente devastador para México en términos climáticos. Las lluvias intensas del 6 al 9 de octubre afectaron estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa, causando deslaves, colapsos de puentes y evacuaciones masivas.
Sin el Fonden, la respuesta ha dependido de mecanismos alternos como el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), censos rápidos de daños y transferencias directas del presupuesto federal.
El impacto ha sido palpable: miles de familias han recibido apoyos iniciales de 20 mil pesos, colchones y despensas, pero la falta de un fondo dedicado ha prolongado la agonía. En regiones rurales, la ausencia de recursos inmediatos ha incrementado pérdidas económicas y ambientales, exacerbando la pobreza.
Expertos de organizaciones como Fundar señalan que México está «lejos de ser un líder climático», ya que la eliminación del Fonden ha aumentado la vulnerabilidad ante fenómenos cada vez más frecuentes debido al calentamiento global. 26 Además, huracanes como los reportados en junio de 2025 han puesto a prueba el nuevo modelo, donde la austeridad presupuestal limita la prevención.
En redes sociales, como X (antes Twitter)y facebook , el descontento es evidente. Usuarios critican la lentitud de la ayuda y recuerdan casos de corrupción pasada, mientras otros defienden la eliminación como un corte a la burocracia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a las críticas aclarando que el dinero del Fonden no desapareció, sino que se integró al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Para 2025, se destinan hasta 16 mil millones de pesos para emergencias, con énfasis en transferencias directas y sin intermediarios. Buenrostro argumenta que la extinción ha reducido la burocracia, mejorado la transparencia y agilizado los apoyos, como se vio en la atención post-huracán «John».
No obstante, opositores como el PRI en el Estado de México denuncian que «Morena dejó a las familias solas», y que cada desastre evidencia las fallas del sistema actual.
Analistas coinciden en que, aunque el modelo busca ser más reactivo, la falta de un fondo exclusivo expone al país a riesgos presupuestales, especialmente en un contexto de austeridad.
La controversia trasciende lo técnico: la desaparición del Fonden se percibe como un símbolo de la «austeridad republicana» impulsada por Morena, pero también como un factor de riesgo electoral. Publicaciones independientes advierten que la crisis climática podría erosionar el apoyo popular si no se atiende con urgencia.
Expertos recomiendan fortalecer protocolos preventivos, como el DN-III-E, y crear un nuevo instrumento híbrido que combine eficiencia con dedicación exclusiva.
En conclusión, la falta del Fonden representa un dilema entre combatir la corrupción histórica y garantizar una respuesta inmediata a las catástrofes. Mientras México enfrenta un futuro incierto marcado por el cambio climático, urge una reforma que priorice la vida y la resiliencia de sus habitantes.
Sin ella, cada tormenta no solo inundará calles, sino también la confianza en las instituciones.
