Por Javier Zapata.
Segunda parte:
La ley es clara.
El problema es que en Nayarit, nadie la aplica.
Las servidoras públicas del Ministerio Público no están por encima de la verdad.
Su deber, según el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es actuar con legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.
Cuando ignoran evidencias, cuando permiten que una denuncia falsa avance, traicionan la ley que juraron cumplir.
El artículo 49 de esa misma Ley establece que toda servidora pública tiene la obligación de verificar la veracidad de los hechos denunciados antes de judicializar un caso.
“Omitirlo no es descuido, es falta grave”.
Porque una denuncia falsa no solo mancha un expediente, mancha vidas.
Y cada vez que un Ministerio Público se hace el ciego, el sistema jurídico se convierte en cómplice.
En Nayarit, los expedientes se apilan.
Las verdades se archivan.
Y la justicia se diluye entre intereses, favores y miedo.
Las denuncias falsas no son solo un acto de mentira.
Son una estrategia.
Un instrumento usado por quienes saben que la impunidad está garantizada.
El sistema jurídico de Nayarit lo permite, porque no ha creado mecanismos claros para sancionar la falsedad en la denuncia, ni ha exigido responsabilidad a quienes abusan de su cargo para protegerla.
El derecho no puede seguir siendo un disfraz. Debe volver a ser Justicia.
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